La Sección Sindical de Acaip-UGT en el Centro Penitenciario de Cáceres, ha denunciado la «acuciante» falta de personal en esta institución que tiene 78 vacantes, lo que se traduce en el 27,66% de su plantilla.
Según el sindicato, el problema de personal «empeora día a día» aunque se han incorporado de forma temporal temporal funcionarios en prácticas, debido al número de jubilaciones, 17, durante este año, sumadas a las ausencias por motivo de salud y por pase a segunda actividad de algunos de sus empleados, provocado por la elevada media de edad de la plantilla.
Estas 78 vacantes de personal funcionario están repartidas entre las siguientes áreas: vigilancia interior con 49 vacantes, el 30%; el área sanitaria con 5 vacantes, el 7,69%; el área de tratamiento con 5 vacantes, el 7,69%, y las áreas de oficina y mixta con 19 vacantes, el 29,23%.
En el área de vigilancia hacen falta 20 personas a cargo del departamento, «teniendo que realizar sus funciones personal genérico que no percibe las retribuciones correspondientes al puesto desempeñado», ha señalado el sindicato en nota de prensa, en la que añade que en personal laboral existen 7 vacantes, el 26,92% de sus trabajadores. Todos estos datos proceden de la propia Administración, solicitados por la Ley de Transparencia a fecha 7 de diciembre de 2020.
Acaip-UGT ha reclamado, por tanto, a la Administración que «ponga remedio» a esta situación que afecta a todos los trabajadores de este centro penitenciario. El sindicato ya puso de manifiesto en el mes de junio que las 14 plazas ofertadas en la convocatoria pública del concurso de traslados resultaban «insuficientes» para cubrir las 78 vacantes actuales.
Por esta razón, ha reprochado a la Subdirección General de Personal de Instituciones Penitenciarias «continúe haciendo oídos sordos para acometer las soluciones necesarias para paliar este déficit de personal público esencial».
«El teórico intento de modernización de la administración penitenciaria, estará cada vez más lejos de su objetivo y cada vez nos será más difícil, ya no sólo la reeducación y reinserción social de los internos, como encomienda constitucional, si no el poder asegurar una adecuada convivencia en el centro penitenciario», finaliza la nota.
