El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este viernes un decreto ley de medidas, con un presupuesto de 64,8 millones de euros, para la recuperación de pymes y autónomos (58 millones), sector turístico (2 millones) y agricultura (4,8 millones), tras la crisis sanitaria del COVID-19.

El decreto ley entrará en vigor a los 10 días de su publicación en el DOE y deberá ser validado en la Asamblea de Extremadura en el plazo máximo de un mes. Así lo ha detallado en rueda de prensa telemática este viernes en Mérida la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez.

Con este decreto ley la Junta de Extremadura quiere adaptar sus políticas de empleo para «impulsar la recuperación del tejido productivo y el mantenimiento del empleo en la región» tras la crisis derivada por el coronavirus.

Las medidas prestan especial atención a los sectores más afectados, como son  trabajadores, autónomos y micropymes que tienen que ver con la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativas, actividades de hostelería y restauración, entre otras.

Se trata de ayudas, presupuestadas en más de 64 millones de euros, que «se complementan perfectamente» con la aprobadas hasta el momento por el Gobierno central. Además, amplían los beneficiarios con el fin de que «esa recuperación sea más rápida».  Igualmente, están ideadas para que «nadie se quede atrás», porque prestan «especial atención» a trabajadores, autónomos y micropymes.

Gutiérrez ha explicado que para la poner en marcha de estas medidas han sido «reorientados» los presupuestos autonómicos porque «la situación» así lo requiere. De esta forma que se incluyen para la puesta en marcha de las mismas fondos de «todo tipo», como el Fondo Social Europeo, transferencias del estado, y fondos propios de la comunidad autónoma.

En este sentido, ha añadido que se contempla también la posibilidad de que se puedan ampliar cada una de las líneas aprobada. Además, añade que podrían tener «un mayor alcance en el caso de que lleguen más fondos del Gobierno central o más fondos europeos».

Por otro lado, la consejera de Educación y Empleo ha insistido también en que la tramitación de las medidas mediante la modalidad del decreto ley permite a la Administración regional una tramitación «ágil» y «también garantista».

Empleo

En el ámbito de la Consejería de Educación y Empleo, el decreto ley tiene previstos seis programas de subvenciones por importe global de 58 millones de euros. Además, calculan que llegarán a más de 65.000 beneficiarios.

El programa I pretende ayudar al mantenimiento del autoempleo en riesgo por el cese de actividad o por disminución significativa de ingresos derivada del estado de alarma o sus prórrogas. Esto supone una cantidad de entre de 800 o de 300 euros por solicitante, en función de si ha habido o no cese de actividad. Calculan que se van a beneficiar 20.200 personas (de la ayuda de 800 euros) y otras 20.000 personas (de la ayuda de 300 euros), ha detallado Gutiérrez.

El programa II tiene como objetivo la reactivación y el mantenimiento del empleo de las personas trabajadoras asalariadas a cargo de personas trabajadoras autónomas o de microempresas. Estas deben estar incluidas en expedientes de regulación temporal de empleo, que recibirán 950 euros. Alcanzará a algo más de 11.300 beneficiarios, ha explicado la consejera.

Por su parte, el tercer programa está dirigido al relanzamiento del autoempleo de personas que han causado baja, por causas de fuerza mayor derivadas del estado de alarma, en el régimen de autónomos para el inicio de nuevas actividades (7.500 euros). Del mismo se beneficiarán 660 personas.

El programa 4 incluye ayudas urgentes destinadas a micropymes y personas trabajadoras autónomas para la contratación temporal de personas trabajadoras inscritas como demandantes de empleo. Supondrá 1.254 euros al mes durante 6 meses. En este caso, los beneficiarios serán 1.860 personas contratadas. Además, existe «la obligación de permanecer tres meses más la contratación de estos trabajadores», según ha aclarado Esther Gutiérrez.

En esta línea, el quinto programa está destinado al mantener a la plantilla de personas trabajadoras con discapacidad en los centros especiales de empleo, una vez terminado el estado de alarma. En total, recibirán 300 euros por trabajador durante 6 meses, ha explicado la consejera, que ha declarado también que de esta medida se van a beneficiar 2.500 personas.

ERTEs

Por su parte, el programa VI está destinado a ayudas para personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE), provocado por el parón económico.

Gracias a esta medida, los beneficiarios serán personas que están recibiendo una prestación por parte del Gobierno central pero que no alcanzan con ella el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Por esta razón, la Junta de Extremadura «se compromete a cubrir la diferencia de esa prestación hasta el Salario Mínimo Interprofesional».

A su vez, si un trabajador ha visto reducida su jornada laboral y no llega al Salario Mínimo Interprofesional, también podrá beneficiarse.

En total, de estas medidas del programa VI la Junta de Extremadura estima que se podrán beneficiar unas 8.500 personas «en principio», ha afirmado Esther Gutiérrez.

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