La coordinadora de ONGs ambientales de Extremadura ha defendido que el caso de Isla de Valdecañas «de ser una lección para mejorar» y no «una excusa para seguir errando». Además, ha reclamado «sentido común» tanto a los gestores del territorio como a los promotores de grandes proyectos en la región.
Y es que «las leyes ambientales deben cumplirse igual que se cumplen en el resto de la Unión Europea», ha aseverado esta coordinadora en una nota de prensa. Igualmente, prosigue que tras la sentencia del Tribunal Supremo, que acuerda la demolición del complejo Isla de Valdecañas, «la reacción mayoritaria de responsables de la Junta de Extremadura, alcaldes y vecinos ha sido cargar contra la protección de la naturaleza».
VALDECAÑAS: Corrupción a lo grande
La Junta cambió la ley de suelo para construir la urbanización del pelotazo urbanístico. Sabían que era zona protegida y siguieron. Juegan con Extremadura como si fuera un monopoly. ¡Que lo paguen ellos de su bolsillo!https://t.co/R1znnOIf3E pic.twitter.com/YeA7kTLR74
— Ecologistas en Acción Extremadura (@EeAExtremadura) February 15, 2022
En esta línea, las ONG recuerdan que el Ejecutivo regional «sabe que todo el territorio protegido en Extremadura, ya sea por Red Natura 2000 o por otras figuras de protección, ocupa solo el 30,6 por ciento de la región». De esta manera, se trata de un «muy inferior al de muchas otras comunidades autónomas que, teniendo una parte mayor de su superficie protegida, no tienen esos problemas de desarrollo».
Según indican las ONG, el debate sobre «se ha centrado mayoritariamente en declaraciones de todo tipo contra una supuesta excesiva protección del medio ambiente en Extremadura, insistiendo que esa es la causa de todo lo que ha pasado en Valdecañas». Por contra, según las oenegés, «los problemas de despoblación tienen otras causas, ya que son idénticos en municipios dentro o fuera de Red Natura».
Unos problemas que, para esta coordinadora, «están más relacionados con la falta de servicios e incentivos en zonas rurales alejadas, que puedan mantener y atraer a la población joven, pero también a los inversores tradicionales». Por ello, destaca que se trata de un «fenómeno generalizado» porque la población «tiende a concentrarse en núcleos urbanos que cuentan con los servicios tecnológicos, educacionales y sanitarios que necesitan».
Por todo ello, defienden que atraer de nuevo a los jóvenes y emprendedores urbanos a los núcleos rurales o mantener allí a las nuevas generaciones, «tiene más que ver con dotar a estas zonas de adecuados servicios, incentivos fiscales o ayudas al emprendimiento», y «no por eliminar la protección ambiental que la propia Junta propuso para menos de una tercera parte del territorio, donde se conservan los recursos de biodiversidad que Europa pide proteger».
