Diputación y Gobierno de Extremadura asumirán la tasa si Cáceres consigue el título.
El Gobierno de Extremadura (GobEx) y la Diputación Provincial (es decir, los contribuyentes) asumirán el canon de 125.000 euros que Cáceres deberá pagar en caso de que finalmente consiga el título de Capital Española de la Gastronomía 2015, que conceden la Federación Española de Hostelería y la Federación de Periodistas y Escritores de Turismo, y que hay que pagar en concepto de uso de la marca durante todo el año.
Cáceres compite, de momento, con Valencia, Huesca, Lugo y Cartagena, aunque se pueden presentar candidaturas hasta el 1 de octubre.
Según la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, el «retorno económico» a la ciudad es «muy importante» y supera esta inversión debido al incremento del número de turistas a las localidades que ostentan este galardón y así se lo han hecho saber los alcaldes de Logroño y Vitoria, ciudades que ya saben lo que es ser Capital Española de la Gastronomía.
La última sesión plenaria de la Diputación de Cáceres ha dado el visto bueno a una moción urgente, consensuada por ambos grupos políticos, de apoyo a la candidatura de la ciudad de Cáceres como Capital Española de la Gastronomía 2015.
En esa misma sesión plenaria se ha dado luz verde a la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de su plantilla laboral en la que desaparece el complemento de plena disponibilidad y en la que todas aquellas personas que ocupan el mismo puesto tendrán los mismos complementos específicos.
Con la aplicación de esta RPT, que ha entrado en vigor el pasado 1 de septiembre, se beneficiará el 80% de los trabajadores con un incremento en sus retribuciones mientras que el 20 por ciento restante mantendrá su salario «sin ningún tipo de merma».
El diputado responsable del área de Recursos Humanos, Emilio Borrega, asegura «sentará las bases de una estructura más igualitaria y equilibrada» mientras que, además, «corregirá las desigualdades histórica de la plantilla laboral de la diputación que cuenta con uno 900 empleados.
El pleno ha estado marcado por la presencia de cerca de 70 de bomberos de Diputación. Han acudido con pancartas de protesta contra la nueva (RPT) aprobada. Sostienen que el nuevo texto nace de una imposición, «sin consenso» y no recoge ninguna de las sugerencias planteadas. Además, esa merma de sus derechos se produce a la vez que en la nueva RPT se aprueban subidas «de hasta 600 euros mensuales».
La nueva RPT ha contado con el voto en negativo por parte del Grupo Socialista de la citada institución por varios motivos «muy relevantes», ha explicado el diputado socialista Carlos Labrador.
Durante su intervención plenaria, Labrador ha dicho que la RPT «no tiene» el apoyo de los sindicatos y que el informe de intervención es «incompleto» e incluye «irregularidades». Sobre esto, Labrador ha subrayado que la RPT conlleva «algunos salarios con incrementos desmesurados e injustificados que van en contra la legislación actual».