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Cordero pospone la sesión plenaria a este jueves, por la “violencia e insolidaridad de los bomberos”.

Las continuas protestas que los bomberos del SEPEI han realizado en el Pleno de la Diputación de Cáceres han obligado a la presidenta, Rosario Cordero, a suspender la sesión ante la “violencia” e “insolidaridad” de los trabajadores, que han proferido gritos de “dimisión” y “nos habéis engañado”.

Cordero ha decidido suspender la sesión plenaria, apenas 10 minutos después del inicio, cuando ha aparecido en el salón de plenos un hombre encapuchado y encadenado, como forma de protesta por las reivindicaciones económicas que está realizando este colectivo, inmerso en un proceso de negociación con la Diputación.

“Es inaudito; es la primera vez que esto sucede en la Diputación”, ha explicado el portavoz del equipo de Gobierno, Fernando García Nicolás, en una rueda prensa posterior, junto al diputado de Personal, Miguel Salazar.

“Han tratado de amedrentar y chantajear a este gobierno con actitudes e insultos, para tratar de mejorar sus condiciones laborales y económicas, sin respetar los tiempos de un proceso de negociación”, en palabras de García Nicolás, que ha calificado la actitud de los bomberos “casi de terrorismo institucional”.

Un hombre encapuchado y encadenado se paseó entre los diputados

Además, García Nicolás ha señalado que las reivindicaciones económicas de los bomberos “suponen también una falta de solidaridad” con los demás empelados de la Institución Provincial. “Son un colectivo numeroso, y se valen de ello para hacer ruido”, ha apuntado el portavoz.

Por otro lado, García Nicolás ha asegurado que las negociaciones con el colectivo (tienen una mesa fijada para este lunes, 30 de noviembre) “se han iniciado influidas por el acuerdo al que llegaron con el anterior equipo de gobierno del PP, que era ilegal según los diversos informes jurídicos que manejamos”.

Los bomberos llegaron a un acuerdo con el anterior gobierno de Laureano León, en el que se les aumentaría su salario en hasta 500 euros, que el actual equipo socialista ha calificado de “electoralista, porque lo alcanzaron previamente a las elecciones autonómicas y locales” de mayo.

La Diputación ha calificado este acuerdo de “ilegal”, puesto que carecía del preceptivo informe de la Intervención “y no había consignación presupuestaria para acometer esa subida salarial”, según ha explicado Miguel Salazar, que ha subrayado que el anterior gobierno “tampoco respetó los procesos reglamentarios de negociación”.

En este sentido, García Nicolás ha insistido en que la Diputación “continuará con las negociaciones, en el marco de la legalidad, como hemos hecho desde el minuto cero, por lo que no podemos entender la actitud y la deriva de los acontecimientos del pleno, y de ninguna manera justificar su violencia”.

El pleno, con todos los puntos del orden del día (que incluía, por ejemplo, la devolución de la paga extra a los funcionarios) se celebrará este jueves, 3 de diciembre.

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