Las niñas del Alba Plata no podrán entrar sin mascarilla

Las dos niñas del colegio Alba Plata de Cáceres, cuyos padres se niegan a que usen la mascarilla en clase, tendrán al fin prohibido acceder al centro educativo sin esta barrera protectora. En en caso de que no acepten esta medida recibirán «atención educativa» desde su casa.

Sin embargo, no es que vayan a recibir clases online, si no que que fuera del horario lectivo se les facilitarán las tareas realizadas por sus compañeros, según ha detallado el secretario de Educación, Francisco Javier Amaya.

Esta decisión, que se podría aplicar al conjunto del alumnado de la comunidad autónoma, se ha tomado tras la polémica que ha generado el Alba Plata. Cabe recordar que ha habido múltiples colectivos, como la AMPA, el profesorado y varios sindicatos que han mostrado su malestar por la postura «firme» de los padres de las alumnas, de 3º y 5º de Primaria, que ha llevado al fracaso a la mediación establecida para resolver el caso.

En una rueda de prensa convocada este mismo miércoles en la sede de la Consejería de Educación, Amaya ha informado de que se trata de una decisión «muy compleja». Además, ha indicado que se ha adoptado tras poner el asunto en manos de los servicios jurídicos de su departamento y de la Abogacía General. En esta línea, ha señalado que  hay una «fricción» entre dos derechos fundamentales, como es el de la educación de las niñas, así como de la salud del conjunto de la comunidad educativa del centro.

En la rueda de prensa, Amaya ha remarcado que prevalece el derecho a la salud y ha explicado el conjunto de decisiones adoptadas por la consejería sobre este caso. Igualmente, ha reconocido que, ha «alterado el normal desarrollo» de la comunidad educativa del colegio, desde que el pasado 9 de septiembre tuviera conocimiento de la postura de los padres de las alumnas.

Mascarilla obligatoria desde los 6 años

Cabe destacar que este caso ya ha «afectado» a los docentes y al resto de familias de alumnos del centro, ha indicado Amaya, pues genera una «fricción de derechos fundamentales», el de educación y el de la salud pública. Asimismo, incumple las normas, como la Ley 2/21, que establece la el uso de mascarilla obligatorio para niños de más de seis años de edad.

Amaya argumenta también que la Junta ha actuado «con diligencia, con rapidez«. Tanto es así que ha adoptado hasta tres medidas de forma gradual en función del desarrollo de los acontecimientos, y siempre «fundamentadas jurídicamente».

Primero, una vez la Consejería conoció la situación a través de la directora del centro, el organismo acordó que prevaleciera el derecho a la educación «sin descuidar» el derecho a la salud. Por esa razón, se instó a extremar el resto de medidas de protección, es decir, más ventilación, más distancia y mayor frecuencia de lavado de manos.

Tras el «malestar» de los padres de los alumnos el día 10, coincidiendo con el comienzo del curso escolar, por el hecho de que dos compañeras de sus hijos no llevan la mascarilla, se decide establecer un plan de mediación.

Así, se celebró un encuentro el 13 de septiembre en el que la familia se mantuvo firme en que sus hijas no llevarán la mascarilla en clase. A partir de aquí se decide cautelarmente que puedan entrar en el centro para recibir atención educativa en un aula distinta a la de sus compañeros, para garantizar así el derecho a la salud pública de la comunidad educativa y el derecho a la educación de las niñas.

No obstante, la mediación no da frutos y la consejería, tras consultar a la abogacía general y vistas las «variantes», este miércoles ha decidido que desde este jueves, 15 de septiembre, «ningún alumno que deba llevar mascarilla y que no justifique la ausencia de la misma médicamente, entrará en un centro educativo».

Con todo, estas dos niñas del colegio Alba Plata, si no llevan mascarilla desde por la mañana en el colegio, no podrán entrar en el centro. Una decisión que se hace extensible al resto de alumnos de los centros educativos de la región.

Preguntado sobre si la Junta actuará jurídicamente contra la familia, ha explicado que se ha puesto el caso en manos de la Abogacía General para adoptar las «decisiones oportunas».

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