Comex muestra su preocupación ante el escaso cumplimento de la Ley de Memoria Histórica
La Cruz de los Caídos de Cáceres. Archivo.

La Coordinadora Memorialista de Extremadura (Comex) ha lamentado el «escaso desarrollo» de la Ley de Memoria Histórica y Democrática por parte de la Junta de Extremadura.

Cabe recordar que la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura fue aprobada por la Asamblea el 20 de diciembre de 2018 y publicada en el DOE del 24 de enero de 2019. Esta ley entró en vigor, según lo previsto, tal y como preveía, seis meses después de su publicación en el DOE.

«Esta ley contemplaba plazos muy concretos para la puesta en marcha de varias disposiciones, plazos claramente incumplidos», ha argumentado la Coordinadora Memorialista de Extremadura en nota de prensa.

De esta manera, ha afeado que no se ha regulado reglamentariamente el procedimiento indemnizatorio a las víctimas de la represión franquista, que se añade a que no se han retirado los vestigios de la dictadura, que deberían se deberían haber eliminado «como muy tarde el 24 de enero de 2021».

En esta línea, critica que tampoco se haya creado el Instituto de la Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, que debería haberse hecho antes del 24 de julio de 2019.

Además, deberían haberse llevado a cabo asuntos como, entre otros, el censo de víctimas, las intervenciones en fosas comunes, la recuperación, identificación y traslado de restos, el mapa de fosas y preservación de fosas, el reconocimiento y reparación a las víctimas, el Día de Homenaje y recuerdo a las víctimas, las medidas protectoras y cautelares en Lugares de Memoria o el régimen de organización y funcionamiento del Consejo de Memoria Histórica y Democrática.

Por otro lado, la Coordinadora Memorialista de Extremadura ha remarcado en que la Junta presupuestó el año pasado para el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura un importe de 100.000 euros y este año han sido 330.000 euros la cantidad contemplada para el desarrollo de dicha ley.

De esta manera, para la Comex se trata en ambos casos de cantidades «irrisorias» si se tiene en cuenta que la propia Junta de Extremadura contemplaba en la memoria económica que acompañaba al anteproyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura la cantidad de 700.000 euros para la puesta en marcha de esta ley y presupuestaba anualmente para el desarrollo del ‘Plan de Extremeño de Memoria Histórica y Democrática’ una cantidad de 1.318.950 euros.

A juicio de la coordinadora, la responsabilidad de esta «inacción y parálisis» recae en la actual consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Nuria Flores, quien según Comex  «no tener voluntad política alguna» para poner en marcha las diversas iniciativas contempladas en la propia Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura.

La Comex ha subrayado que ha realizado diversas gestiones ante la Junta para superar esta situación y de hecho,  tres portavoces de la coordinadora mantuvieron una reunión  con el presidente de la Junta de Extremadura el 27 de agosto de 2020.

Además, tanto en 2020 como en 2021, la Coordinadora Memorialista de Extremadura ha comunicado a los dos grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura que apoyaron la aprobación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura su preocupación por el «escaso» desarrollo normativo de esta ley y por la «infradotación» de recursos económicos para que se haga realidad.

Para salir de esta «parálisis», la Coordinadora Memorialista de Extremadura ha propuesto que los temas relacionados con esta Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura sean asumidos directamente por la Presidencia de la Junta de Extremadura, para comenzar «urgentemente con el desarrollo normativo de la Ley y darle la dotación económica adecuada».

Si no se toman estas medidas, la Comex ha anunciado que impulsará las iniciativas que considere pertinentes y continuará mostrando su «profunda preocupación» por el «prácticamente inexistente» desarrollo de una ley que es «absolutamente necesaria» para «reconciliar» a la sociedad con su pasado y los fundamentos del régimen democrático, «que no son otros que los Derechos Humanos».

 

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