5 alcaldes niegan las presiones de la Diputación para retirar las cruces
José María Fernández Abril, abogado de la Fundación Abogados Cristianos - EUROPA PRESS

Los alcaldes de cinco localidades de Cáceres, como son Gargüera de la Vera, Brozas, Talaveruela de la Vera, Barrado y Cáceres, han acudido este martes al Juzgado de Instrucción nº 3 de la capital cacereña en calidad de testigos en el caso contra el presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, ante la querella interpuesta por la Asociación Española de Abogados Cristianos con respecto a la retirada de las cruces de los pueblos.

Tanto el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, como los otros cuatro regidores han declarado que la diputación cacereña no les ha presionado para que retiren esos símbolos de sus municipios. De esta manera, contradicen a la asociación, que denunció al presidente de la institución provincial por entender que había vinculado ciertas subvenciones a la retirada de las cruces de los municipios.

La denuncia fue archivada en enero de 2022 y Abogados Cristianos interpuso un recurso ante la Audiencia Provincial de Cáceres que sí que fue admitido a trámite. De esta forma, y el juzgado tiene que tomar declaración como testigos a los alcaldes citados por la asociación.

Esta testifical tuvo lugar a primera hora de la mañana de ayer martes en el Palacio de Justicia de la capital cacereña donde los cinco alcaldes han declarado que «no» han sido presionados por la Diputación de Cáceres.

«Para sorpresa de todos y en contra de toda la documentación aportada ellos han negado que haya ningún tipo de presión por parte de la Diputación de Cáceres», ha indicado a los medios el abogado defensor de la Asociación de Abogados Cristianos, José María Fernández Abril, al término de las declaraciones de los regidores cacereños.

Según Fernández Abril la declaración de los cinco alcaldes «se contrapone con la documentación que hemos presentado y que vamos a presentar en los próximos días porque vamos a ampliarla», ha señalado el abogado. En esta línea, la asociación continuará insistiendo en que los alcaldes fueron presionados porque «está demostrado documentalmente en las comunicaciones entre diputación y ayuntamientos».

Ninguno de los alcaldes ha hecho declaraciones ni a la entrada ni a la salida del juzgado con respecto a las cruces, adonde han accedido por una puerta lateral para evitar las cámaras. Una vez tomada la declaración a los cinco regidores citados como testigos, el juez decidirá si procede la continuación de la actuación o el sobreseimiento de la causa.

Cabe recordar que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Cáceres procedió el pasado mes de febrero al sobreseimiento y archivo de la denuncia interpuesta por la Asociación Española de Abogados Cristianos contra el presidente de la diputación cacereña.

Abogados Cristianos registró en marzo de 2021 esta denuncia porque entendía que la Diputación de Cáceres presionó a varios ayuntamientos para la retirada de las cruces que hay en sus respectivos municipios. Una presión que se lleva a cabo, según la denuncia, a través de vincular la concesión de subvenciones a dicha retirada de estos símbolos cristianos.

El juzgado reconoció en su sentencia que «no existe relación alguna entre la concesión de subvenciones a los municipios y el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica», por lo que la Diputación de Cáceres no invade competencias municipales.

Los demandantes recurrieron la sentencia y ahora la Audiencia Provincial ha admitido el recurso. por lo que se ha reabierto la causa contra el presidente de la diputación cacereña, argumentando que quiere acabar con símbolos cristianos bajo el paraguas de la Ley de Memoria Histórica, ya que esta asociación entiende que esas cruces ya no están asociadas a ninguna época histórica pasada y solo son un símbolo religioso.

Por todo esto, Abogados Cristianos acusa al presidente de la Diputación de Cáceres de un delito de prevaricación (art. 404 CP) con el agravante de discriminación y otro delito de odio (art. 510 CP).

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