El Ayuntamiento debe hacer frente al pago de 5,4 millones de euros de intereses de demora de más de 20 de expedientes de expropiaciones.
El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha dado luz verde a la creación de una comisión para investigar las expropiaciones realizadas desde 1984 a terrenos particulares y empresas, así como el devengo del pago de intereses al que tiene que hacer frente la Administración local.
Se trata de una propuesta inicial del Grupo Municipal CáceresTú (CCTú-Podemos) y que en un principio ha solicitado que se aclaren los pagos que ha realizado el Consistorio por expropiaciones y la gestión de los intereses desde que se aprobara el Plan General de Urbanismo (PGM) del año 1998.
En este sentido, los cuatro grupos municipales (PP, PSOE, C’s y CCTú) han aprobado crear esta comisión de investigación, incluyendo una modificación propuesta por el grupo popular: que la investigación se retrotraiga a 1984, año en el que, a través de un plan de urbanismo, se comenzó a estipular el sistema de expropiaciones.
El objetivo es “buscar a los responsables políticos y técnicos que permiten que la subida de los intereses año tras año suponga una auténtica sangría para las arcas municipales”. Aunque “no haya responsabilidad penal, porque muchas operaciones ya han prescrito, sí debe haber responsabilidad política”, ha aclarado el edil de CCTú, Ildefonso Calvo.
“Nosotros pertenecemos a un partido que no tiene mochila alguna, así que no tenemos ningún problema en que la comisión se retrotraiga a esa fecha”, ha aseverado el portavoz de C’s, Cayetano Polo, subrayando que “debemos conocer por qué se decidió expropiar y quién lo decidió”.
Informe de Tesorería
Además, Polo ha aseverado que “no se entiende por qué, si existe un informe de Tesorería desde 2014, no se ha previsto antes esta situación”, en referencia al pago de intereses que tiene que afrontar ahora el Ayuntamiento con motivo de un auto judicial que condena al Consistorio a abonar a una empresa más de 1,5 millones de euros de intereses de una expropiación ya liquidada.
En este sentido, la alcaldesa, Elena Nevado, se ha mostrado favorable a que la citada comisión investigue “por qué el pago de intereses se ha ido demorando en el tiempo”, lo que ahora está suponiendo “una auténtica sangría para las arcas municipales”.
“Hemos realizado un esfuerzo tremendo para poder pagar hasta ahora 15 millones de euros en expropiaciones”, ha aclarado el edil popular, Valentín Pacheco, criticando el hecho de que las resoluciones judiciales se hayan dilatado en el tiempo, “lo que ha disparado los intereses de demora”.
De hecho, el Ayuntamiento tiene que hacer frente al pago de 5,4 millones de euros de intereses de demora de más de 20 de expedientes de expropiaciones, y algunos de ellos se remontan a 30 años.
Desde CCTú han resaltado uno de esos procedimientos «anómalos» por el que han solicitado la citada comisión: la expropiación de un terreno propiedad de la constructora Mego (en concurso de acreedores) por valor de 1,8 millones de euros.
Según Calvo, una resolución de Alcaldía de 2012 “decidió condonar a la empresa 400.000 euros de deuda municipal en conceptos de tributos locales”.
Sin embargo, ese terreno ya estaba hipotecado por el Banco Santander “y el Consejo Consultivo de Extremadura anuló dicha compensación” el pasado mes de diciembre, calificando de «inexcusable» la «precipitación» con la que actuó el Ayuntamiento.
Una «mala gestión», ha explicado la edil de CCTú Consuelo López Balset, que constará a las arcas municipales 615.000 euros. “Y desde el Gobierno local nos dicen que no sabían que ese terreno estaba hipotecado cuando Nevado firmó la resolución en 2012”.
La abstención del Grupo Municipal Ciudadanos en el Pleno ha dado luz verde a que el Ayuntamiento de Cáceres solicite un adelanto del canon anual del agua (1,5 millones de euros) para hacer frente al pago de intereses de expropiaciones de terrenos, que se realizaron hace ya más de una década y que todavía no se habían afrontado.
De esta forma, pese al voto en contra de PSOE y CCTú, el PP ha conseguido sacar adelante su propuesta, que acarrea pérdidas para las arcas municipales, dado que el adelanto del abono del canon este ejercicio conlleva aplicar una tasa de descuento del 7,5% anual, conforme establecen las cláusulas del pliego administrativo del contrato.
Es una gestión nefasta”, ha manifestado en sesión plenaria Cayetano Polo, “ya que el Ayuntamiento pierde más de 150.000 euros por el adelanto de ese canon”, a la empresa concesionaria del agua Canal Isabel II.
«Si esto pasa en la empresa privada, estarían todos en la calle», ha espetado el edil de C’s Antonio Ibarra, recordando que Canal adelantaría 2,09 millones frente a los más de 2,2 del canon al que tiene que hacer frente anualmente.
«Se trata de cumplir con una resolución judicial firme para hacer frente al pago de esos intereses», ha zanjado la edil de Economía, María Guardiola.
Eduardo Villanueva /
