Medio centenar de comerciantes y empresarios de hostelería de la zona de la plaza Obispo Galarza y calles aledañas se han manifestado este jueves para protestar porque la zona continúa cortada al tráfico desde la calle San Antón. Además, se está especulando sobre una posible peatonalización de la calle Parras, lo que supondría un «golpe mortal» para sus negocios, que han sufrido pérdidas de hasta el 80% en la facturación en estos meses.
Los más de 150 negocios afectados son comerciantes de las calles Paneras, Pintores, Moret, Clavellinas, San Antón, Parras, Plaza Mayor, Galarza, y San José, entre otras. Los mismos critican que únicamente se permita el paso al transporte público, autobuses y turismos que vayan al párking de obispo Galarza, así como de los vehículos que tengan su plaza de garaje en la zona. Por todo esto, se ha reducido la afluencia de clientes y turistas.
En la protesta, los empresarios han metido en una caja la llave de sus negocios como metáfora del cierre al que están abocados por la escasez de ventas en el comercio local. Además, llevaban un cartel en el que se podía leer: ‘Nuestros negocios en sus manos. S.O.S las llaves de nuestro futuro’.
El presidente de la asociación de comerciantes de Obispo Galarza, Manuel Méndez, ha exigido al Gobierno local que «diga claramente qué va a hacer» en la zona, y que cuenten con la opinión del comercio para llevar a cabo los planes de movilidad y las posibles peatonalizaciones de estas calles, sobre todo en la calle Parras, donde se quiere construir una plataforma única.
Cabe destacar que esta calle es la principal vía de entrada de turistas a la ciudad ya que desemboca en el parking Galarza, donde también paran los autobuses turísticos. Así, por la calle Alzapiernas, que conecta Parras y Moret, pasaban al año casi un millón de personas y unos 4.500 coches, según ha dicho el presidente.
Según los comerciantes, como en la calle San Antón «hay una señal de dirección única» y de prohibición de circular a vehículos no autorizados, disuade al visitante de entrar en el centro y, por lo tanto, de comprar o consumir en los establecimientos.
«Si nos cortan la circulación a esta zona, el centro se va a morir más de lo que se está muriendo», ha espetado Méndez, que ha recordado que son ya «innumerables» los negocios que han cerrado en estas calles, que cuentan con mucha tradición comercial. De hecho, algunas franquicias de marcas nacionales que han echado el cierre en la calle Pintores.
Ante esta situación, los manifestantes han elaborado un manifiesto en el que muestran su «rotunda» y «firme» oposición a estas medidas que llevarían a la «muerte» de la actividad, económica y social del entorno. Asimismo, han recordado que ya estaba «muy tocado por decisiones de rango parecidas, cuyos resultados han sido muy negativas para el tejido residencial y comercial», recoge el texto.
Critican expresamente que estas medidas que se pretenden instaurar de forma puntual, sin coordinación con todas las demás contempladas en el Plan de Infraestructuras para la Movilidad Urbana y Sostenible (Pimus) aprobado en 2009. Esta normativa indica que las acciones que se desarrollen deben ser «compatibles con el crecimiento económico».
«Que nos expliquen cómo las medidas restrictivas de accesibilidad y comunicación crean crecimiento económico, porque ya tenemos la experiencia de restricciones de acceso cuando hay eventos y se corta el eje de comunicación, que suponen días completos sin ventas», explica el manifiesto.
Medida «parcial e incoherente»
Por su parte, el vicepresidente de la asociación de empresarios de Galarza, Damián Arroyo, que ha criticado que se pretende tomar una medida «parcial» y «no coherente» con el plan especial de viabilidad aprobado en 2014. En el mismo, el Ayuntamiento de Cáceres se apoya para intentar modificar la accesibilidad de la calle Clavellinas y todo el eje de San Antón, calle Parras, San José y Santa Gertrudis.
Según ha detallado Arroyo a los medios de comunicación, la eliminación de este eje o la moderación de su acceso «es mortal para la ciudad». Así, este plan de viabilidad establece otra treintena de medidas complementarias apoyadas en el Pimus, de las «que no se ha hecho ninguna», como por ejemplo la construcción de «siete aparcamientos subterráneos».
Además, tanto el Pimus como el plan de viabilidad determinan que «todas» las medidas que se adopten tienen que llevar un plan económico social. Por tanto, no se puede llevar a cabo una actuación que no genere una riqueza económica, residencial o comercial. «Está claro que las restricciones de tráfico son absolutamente negativas», ha sentenciado.
Arroyo ha insistido en que la construcción de una plataforma única en la calle Parras «es un disparate de tamaño descomunal», pues no se podrán colocar bolardos para diferenciar la acera. Todo esto quiere decir que un autobús tiene que pasar por una vía de 3,75 metros con otros 80 centímetros de acera a cada lado para los peatones. «¿Cómo se protege a los peatones si no hay bordillos?», se ha preguntado.
«Desde el punto de vista técnico, comercial y social es un desastre», ha hecho hincapié el empresario, que insiste en que las estadísticas sobre el abandono de residentes en el casco antiguo y aledaños avalan que no se pueden tomar estas medidas porque «muchos emprendedores que han invertido su tiempo y su dinero» ven peligrar sus negocios con estas acciones.
De igual modo, ha mencionado que una medida que sí revitalizaría la zona es la aprobación definitiva del Plan Especial de Rehabilitación y Protección del Casco Antiguo, que lleva esperando una actualización «treinta años» y cuya redacción se adjudicó hace cuatro año ya.
«No se pueden tomar decisiones puntuales a ver qué pasa, sino que hay que cumplir integralmente todos los requisitos del plan especial de movilidad con un estudio económico y social de que las medidas que se quieran adoptar producen bien y no mal», ha finalizado.
Los comerciantes de la zona cuentan con el apoyo de la Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres (AECA), la asociación de Rodríguez Moñino y la de Gómez Becerra, así como otras organizaciones empresariales de la ciudad. AECA se reunirá con el Gobierno local el día 14, mientras esperan que se fije otra fecha para un encuentro de los responsables municipales con estos empresarios afectados.
