La Plataforma de Mujeres por la Igualdad de Cáceres asegura que la Sentencia dictada por el juez Manuel Piñar Díaz supone un ataque contra las mujeres pues, en su opinión, no defiende el derecho de la víctima, sino que además se convierte en una auténtico alegato contra la actuación de las mujeres víctimas de violencia de género y contra todos los servicios públicos de instituciones o de otras entidades que funcionan para la defensa de las víctimas de violencia de género. Así lo ha manifestado la plataforma en un comunicado que ha trasladado a los medios de comunicación. 

Además, según la plataforma, la sentencia se convierte en un ejemplo perfecto de justicia patriarcal defensora de quienes han sido condenados por violencia de género y que además acumulan denuncias e informes de distintos servicios, acreditando comportamientos al menos dudosos.

A su juicio, se trata de una sentencia injusta ya que no defiende el derecho de la víctima, sino que además ataca con saña el comportamiento que ha tenido Juana Rivas, cuando ha intentado defenderse por todos los medios que una sociedad democrática tiene, desacreditando a diversos servicios de apoyo a las mujeres incluido el informe policial, en el que se aseguraba que existía riesgo medio para la víctima. Afirman que esto constituye un ejemplo de predisposición frente a la mujer que se ha visto indefensa ante un juez que ha ignorado la legislación y jurisprudencia europea y española en defensa de las víctimas de violencia de género.

Creen que se está ante una intervención claramente discriminatoria contra las mujeres por parte de un juez que no ha tenido en cuenta los antecedentes penales existentes del maltratador a través de una sentencia de 2009, que incluso pretende justificar con frases sacadas de contexto de la propia sentencia y que después de dos años de haber interpuesto una nueva denuncia, ni siquiera se ha iniciado el procedimiento.

Insisten en que es una sentencia claramente desproporcionada, exagerada y que da la impresión que se ensaña con la víctima. Además, subrayan que no tiene en cuenta el interés de los menores tal y como debería ser según exige el Convenio de Estambul.

Desde su posición entienden que un maltratador nunca será un buen padre y que por ello no debería tener nunca la guardia y custodia de sus hijos e hijas, incluso ni la patria potestad.

Asimismo, consideran fundamental además de obligatoria, una formación en profundidad sobre perspectiva de género, al menos para profesionales que dicten sentencias sobre maltrato, porque están convencidas de que es necesaria para aplicar las normas de una manera equitativa y con conocimiento de las circunstancias que rodean la violencia de género, cuestión que el juez no ha tenido en cuenta al dictar esta sentencia.

Por último, y en función de lo que se dicte en sentencia firme, si esta no fuera favorable a la víctima, instan al Gobierno a que indulte a Juana Rivas.


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