Un total de 502 personas con discapacidad intelectual participarán en un estudio de empleo personalizado que realiza Plena Inclusión en toda España. De ellas, 252 formarán parte de itinerarios de empleo personalizado, según señala la asociación. En el proyecto participan 44 asociaciones de Plena Inclusión de 12 comunidades autónomas (Extremadura, Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid, Región de Murcia y Comunidad Valenciana) y la ciudad autónoma de Ceuta.
La metodología de empleo personalizado está basada en la creación de nuevos puestos de trabajo, diseñados pensando en una persona, y en colaboración con empresas. Se trata de una iniciativa que ha demostrado resultados para todas las personas, y de forma especial con perfiles como el de las personas con dificultades de empleabilidad debido a sus grandes necesidades de apoyo (dificultades para comunicarse, multidiscapacidad, entre otros).
Nuestros usuarios del Centro Ocupacional de Plena Inclusión Don Benito han finalizado la formación en el curso de Pinche de Cocina que ha tenido una duración de tres meses Al final del mismo, los participantes han recibido un título acreditativo. pic.twitter.com/rdUjnEXTHO
— PLENA DON BENITO (@PlenaDonbenito) July 8, 2022
El Ministerio de Inclusión financia este proyecto, con un importe de 2 millones de euros a cargo de los fondos de Recuperación y Resiliencia Next Generation. Plena inclusión España coordina esta iniciativa sobre empleo y discapacidad y que durará hasta el mes de marzo de 2024.
Además de los itinerarios y los apoyos que recibirán las personas participantes, el proyecto cuenta también con una parte de investigación cuyas conclusiones servirán para mejorar las prácticas de promoción de empleo entre las personas más vulnerables. De esta manera, a la vez, el estudio contribuirá a hacer mejores políticas sociales para estas personas.
Todas las organizaciones participantes son parte del movimiento asociativo Plena inclusión, que agrupa a 950 asociaciones en todo el Estado que defienden los derechos de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias.
