Ocho integrantes de VOX en Extremadura han tomado la decisión de dejar el partido por considerarlo «antidemocrático, sin principios, anticonstitucional y que no se somete al Estado de Derecho». En esta línea, sostienen, que someten a los afiliados «a técnicas totalitarias, exentas de las mínimas garantías legales exigidas por la ley».
Entre los integrantes de VOX que han tomado esta decisión se encuentran los actuales concejales de la formación en Badajoz, Alejandro Vélez; en Lobón, María Isabel Gragera; en Guadiana del Caudillo, como Antonio Pozo y José Andrés Gámez y tres concejales más, incluido el que fue candidato a la Junta de Extremadura, Juan Antonio Morales, según indican en una nota de prensa en la que han matizado que los concejales pasaran todos a «no adscritos» en sus respectivos ayuntamientos.
A renglón seguido, han mostrado como un «ejemplo» de someter a los afiliados «a técnicas totalitarias, exentas de las mínimas garantías legales exigidas por la ley» la reciente Sentencia 035/2021 del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Badajoz, en la que se condena a VOX declarando nula la resolución arbitraria del Comité Ejecutivo Nacional por la que se expulsaba a Alejandro Vélez del partido.
«Esta condena, unida a la gravedad de los hechos que se exponen a continuación, motivan el abandono de esta formación política por nuestra parte», prosiguen los ahora concejales no adscritos, que además califican a VOX como un partido «antidemocrático» en el que la disciplina interna «es una apisonadora que se aplica de manera caprichosa por parte de la Secretaría General, sin respetar los derechos de los afiliados y sin garantías de contradicción o defensa».
Si los españoles somos así… 👆👆👆Gallardos, Fuertes, Valientes, Grandes, Valerosos, Conquistadores… ✌️✌️
Porqué nos auto-destruimos constantemente…?. 😳😳
¡¡Arriba España…!!. 🇪🇸🇪🇸
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¡¡Arriba España…!!. 🇪🇸🇪🇸 pic.twitter.com/HHD49IiIFw— Juan Antonio Morales 🇪🇸 (@Juan_A_Morales) February 6, 2021
«El objetivo es cortar de raíz cualquier iniciativa o manifestación que suponga libertad de expresión o acción por parte de los grupos municipales o asambleas legislativas», han espetado. Además, denuncian que han sido objeto de técnicas «indecentes» como el intento de investigaciones personales, mediante la contratación de detectives privados con el objetivo de hacer público algún aspecto de la vida privada del investigado, y así anularlo políticamente.
Cabe destacar que las pruebas relativas a estas prácticas, como el teléfono desde donde se intentó el contrato, los datos del propietario y una grabación del detective, se enviaron al secretario general, vicesecretario de Organización y Comité de Garantías a los efectos de su investigación interna pero «no hubo reacción, ni acción alguna».
Igualmente, a juicio de los afectados por este supuesto espionaje, los órganos provinciales se componen de personas de perfil «muy bajo» y que cuanta menos preparación y experiencia profesional se tenga mejor puesto se obtiene. En esta línea, continúan los ex políticos de Vox Extremadura, «ningunean a los concejales que no son afines, apartándolos caprichosamente por parte del responsable regional en el grupo de Telegram».
El objetivo es que la Gestora Provincial sea «un simple escaparate» ante los afiliados, para así el diputado de turno ejercer su poder «sin transparencia», han argumentado, junto con que si algún miembro de la gestora critica el procedimiento, se procede a su expulsión del partido «de manera fulminante». «Con Ortega Smith al mando: ‘O estas de parte de Organización y acatas lo que se te diga, o estas fuera».
De ahí proceden todos los problemas originados en la totalidad de las provincias «con conflictos», como son Murcia, Sevilla, Granada, Toledo, Cádiz, Málaga, Valencia, Barcelona, Fuerteventura, Segovia, León, Palencia, Valdemoro, Jerez de la Frontera, Almería, Valladolid, Alicante, Ceuta, Zamora, Albacete, «y así un largo etc» puesto que, como han aseverado, «los procederes son idénticos en todas partes de España».
Vox es un partido sin principios
Estos ocho políticos también remarcan que VOX es un partido «sin principios» y que «engañan a los españoles apropiándose del Franquismo cuando les interesa electoralmente»: «lo hicieron en las elecciones de Andalucía. Mas tarde, en abril, renegaron de él, y por eso obtuvieron unos resultados mediocres».
Después, volvieron «a apropiarse» del mismo en las elecciones de noviembre para, una vez obtenido el resultado actual, «aplicar, ellos mismos y sin pudor, la infame Ley de Memoria Histórica contra sus afiliados, abriéndoles expedientes por ‘Exaltación del Franquismo’, por publicar obras del Plan Badajoz en las redes personales, o por haber denunciado a los socialistas». «Algo inaudito que sorprenderá a muchos, pero es lo que caracteriza a éste partido, que se da golpes de pecho falsamente, para conseguir votos, utilizando el Franquismo cuando les interesa», señalan.
Además, «por cálculos electoralistas, repitieron hasta la saciedad que renunciarían a las subvenciones públicas y acabarían con los ‘chiringuitos’, y no solo no lo han hecho, sino que, nada más entrar en las instituciones, dieron instrucciones precisas a todos sus cargos de cómo y a quienes había que colocar en todos los puestos de confianza posibles para no renunciar a ni un solo euro de dinero público». Como ejemplo, han citado el «chiringuito» montado por el propio secretario general, Ortega Smith, en el Grupo Municipal del Ayuntamiento de Madrid.
Vox, un partido anticonstitucional
Los ya antiguos integrantes de VOX consideran que se trata de un partido «anticonstitucional» y que «este totalitarismo antidemocrático» le lleva a no considerarse afectado por las decisiones judiciales, incumpliendo así el artículo 118 de la Constitución, ya que consideran que «están por encima de ellas», A este respecto han citado que el Juzgado número 7 que les ha condenado a volver a considerar a Vélez como afiliado de pleno derecho tuvo que instar al partido al cumplimiento de un auto en el que se adoptaban medidas cautelares a favor de éste como concejal de Badajoz «por hacer caso omiso y no respetar el mismo».
Asimismo, han subrayado que derechos fundamentales recogidos constitucionalmente como la libertad de expresión «no existen para VOX» y que ningún candidato o cargo electo puede publicar en sus redes personales o manifestar libremente lo que considere oportuno, pues hay que pasar por «un filtro interno de censura previa», y «en caso contrario, las represalias son inmediatas, llegando incluso a abrir expedientes de expulsión».
En este sentido, han añadido que existe toda una red de «vigilantes» de redes sociales en provincias que comunican a Madrid «cualquier indisciplina de este tipo para que se actúe de inmediato contra ellos».
Por último, han resaltado que VOX «no se somete al Estado de Derecho» y que, «en este delirio de superioridad» sobre los derechos de las personas y las instituciones, «incumple de manera flagrante la normativa sobre protección de datos de los afiliados»: «dos de los arriba firmantes han cursado sendas denuncias, ya admitidas y en trámite, ante la Agencia Española de Protección de Datos, por filtraciones de datos de carácter personal, e incumplimiento del deber de confidencialidad sobre expedientes internos de los afiliados».
«Por todos los avatares vividos, justificados en los párrafos de más arriba, es por los que abandonamos este partido infame que se llama VOX, los ocho arriba mencionados, quedándose sin el único concejal de gobierno en capital de provincia que tienen, y también sin el Grupo Municipal más representativo de toda España, con cinco concejales. ¡¡Les da exactamente igual!!», concluyen.
