Las diligencias fiscales de carácter penal por la gestión en las residencias en Extremadura ascienden a siete
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La comunidad autónoma de Extremadura suma ya siete diligencias fiscales de carácter penal abiertas por la gestión de la pandemia de COVID-19 en las residencias.

En el conjunto del país, la Fiscalía General del Estado mantiene abiertas a día de hoy un total de 207 diligencias por posibles delitos en la gestión de residencias de mayores durante la pandemia por COVID-19. Cabe destacar que la mayoría de ellas son en Comunidad de Madrid, donde este tipo de expedientes son ya 99 y han dado lugar a un total de 6 causas penales por el momento. En toda España 24 juzgados ya investigan penalmente por esta cuestión.

Según versa en el documento hecho público por Fiscalía General, se tiene constancia esta semana de la incoación de un total de veintinueve nuevas diligencias de investigación: ocho en la Fiscalía Provincial de Madrid, tres en la Fiscalía de Área de Getafe Leganés, cuatro en la de Móstoles Fuenlabrada, tres en la Fiscalía Provincial de Barcelona, dos en la de Jerez de la Frontera, y una en las Fiscalías Provinciales de Cáceres, Teruel, Ciudad Real, Toledo, Ávila, Burgos, Palencia, Girona y una más en la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

De igual modo, se han abierto de tres nuevos procedimientos penales por hechos relacionados con residencias de mayores y/o centros hospitalarios en la Fiscalía de Área de Vilanova i la Geltrú, dos de ellos en juzgados de instrucción de dicha localidad y otro más de diligencias previas en un juzgado de instrucción de Gavá. Además, consta incoadas unas nuevas diligencias previas en un juzgado de instrucción de Cáceres.

Por el contrario, en la última semana se han archivado un total de cinco expedientes de diligencias de investigación penal -concretamente, en las Fiscalías Provinciales de Palencia, Soria, Salamanca, Lugo y en la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Tras Madrid sigue siendo Cataluña la segunda comunidad autónoma con mayor número de estos procedimientos, un total de 36, seguida de las dos Castillas, con 22 procedimientos en Castilla-La Mancha y otros tantos en Catilla y León y Galicia, con 13 diligencias en trámite.

A gran distancia de las mismas está Extremadura, que cuenta con siete diligencias fiscales de carácter penal abierta, Andalucía y Valencia con dos de estos procedimientos en trámite. Además,  Aragón tiene otras dos y después Baleares y La Rioja, donde las Fiscalías sólo instruyen un expediente penal de este tipo.

Las que no cuentan con ninguna diligencia abierta son las Fiscalías de Asturias, Canarias, Cantabria, El País Vasco y Murcia. No obstante, tres jueces instruyen otros tantas causas penales a raíz de las denuncias presentadas por familiares víctimas del coronavirus.

Diligencias civiles

Sobre las diligencias civiles, consistentes en actuaciones de control de derechos fundamentales de los residentes, la Fiscalía suma ya 194 expedientes de este tipo, según la última estadística hecha pública por la Fiscalía General.

Así, en la última semana han sido archivadas tres de estas actuaciones en las Fiscalías de Alicante, Navarra y de la Comunidad Autónoma de Extremadura, porque ha sido comprobada la inexistencia de situaciones de desatención, desamparo o irregularidades en las residencias objeto de seguimiento.

Por el contrario,  se han incoado tres nuevos expedientes civiles para seguimiento de la situación en determinados establecimientos residenciales en las Fiscalías de Sabadell, Ourense y de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

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