La Asamblea de Extremadura pide reforzar la atención a las víctimas de violencia de género en el ámbito rural
Pleno en la Asamblea de Extremadura, en una imagen de archivo. - ASAMBLEA DE EXTREMADURA.

La Asamblea de Extremadura ha mostrado su apoyo al refuerzo de las medidas dirigidas a la atención a las mujeres víctimas de la violencia de género que habitan en el ámbito rural. Para ello, van a aumentar el número de recursos especializados de atención de forma coherente con la realidad rural y la distribución geográfica, además de la adaptación de las campañas de prevención y sensibilización a sus necesidades.

Esta iniciativa, junto a otras, está enmarcada dentro de una declaración institucional aprobada por los cuatro grupos del parlamento autonómico, PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura, con motivo de la celebración, el próximo 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Cabe recordar que este año cumple su 25 aniversario y que se ha leído al inicio del pleno de este jueves, día 19.

El texto hace referencia a la reciente publicación del estudio ‘Mujeres víctimas de violencia de género en el mundo rural’ realizado por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), entre diciembre de 2018 y enero de 2020. Este proyecto entra dentro del cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que pone de manifiesto la violencia contra las mujeres es “especialmente dura” en las zonas rurales.

El “aislamiento” que sufren las víctimas de violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja es “triple”: hay una “escasa participación” de los espacios públicos y la “relegación” al ámbito privado, así como estar “aisladas geográficamente” y por “identificar su propia situación como un proceso individual, y no como el problema estructural” que es, “consecuencia de la desigualdad” entre mujeres y hombres.

La Asamblea General de las Naciones Unidas acordó esta fecha para instar a gobiernos, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil a “tomar parte activa” en las soluciones que deben ir orientadas a resolver este “grave problema global y poder seguir avanzando en la sensibilización, la prevención, la intervención, la protección, la reparación del daño y la recuperación integral de las mujeres y niñas y niños víctimas de violencia de género”, recoge la declaración.

Desde 2003 han sido asesinadas 1.074 mujeres y desde 2003, 301 niñas y niños han quedado huérfanas. Igualmente, en 2020 han sido asesinadas 41 mujeres y 23 menores han quedado huérfanos, con datos actualizados hasta el 16 de noviembre.

La ONU señala que “la violencia contra las mujeres y las niñas, arraigada en unas relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres, persiste como una crisis silenciosa y endémica”. Además, este año la situación se ha visto “agravada” por la pandemia del coronavirus que “afecta a las mujeres con más intensidad” por culpa de la “desigualdad estructural” en la que se sitúan, y que resulta “especialmente terrible” para las mujeres víctimas de violencia de género.

La Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, advierte sobre el impacto de la Covid-19 en las mujeres, sobre todo en las víctimas de violencia abocadas a confinarse con su agresor: “El confinamiento aviva la tensión y el estrés generados por preocupaciones relacionadas con la seguridad, la salud y el dinero. Asimismo, refuerza el aislamiento de las mujeres que tienen compañeros violentos, separándolas de las personas y los recursos que mejor pueden ayudarlas. Es la situación perfecta para ejercer un comportamiento controlador y violento en el hogar”.

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, “largamente demandando” por el movimiento feminista, supuso “un antes y un después” para abordar desde las instituciones la violencia de género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, supuso un “cambio de paradigma” que hizo posible en España que los poderes públicos reconocieran “un tipo concreto y específico de violencia”, que es la que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres.

De igual modo, continuando por la senda marcada, el Pacto de Estado resulta una “muestra del consenso de la mayoría” de los grupos parlamentarios. Por tanto, de la mayoría de la sociedad española representada a través de ellos, para acabar con esta violencia.

“La violencia de género no tiene cabida en la sociedad que aspiramos a ser, ni en la democracia que queremos consolidar. Eliminarla de nuestras vidas y proteger a las víctimas no es una opción, es una obligación. La violencia machista nos interpela a todos y a todas y las administraciones debemos combatirla con todos los medios a nuestro alcance”, subraya la declaración aprobada por el parlamento extremeño.

Por todas estas razones, la Asamblea se solidariza con las mujeres y niñas agredidas y/o asesinadas, víctimas de la violencia machista “más extrema”,y muestra todo su apoyo a ellas y a sus familiares.

También rechaza todas las formas de violencia contra las mujeres y manifiesta su compromiso con las víctimas. Asimismo, pide el refuerzo a la atención a las mujeres que viven en el mundo rural con más recursos especializados de atención de forma coherente con la realidad rural y la distribución geográfica, además de la adaptación de las campañas de prevención y sensibilización a sus necesidades.

Igualmente, ratifica su “acuerdo firme” para trabajar por alcanzar la igualdad de género, defender los derechos de las mujeres y acabar cualquier tipo de violencia contra las mujeres.

Por último, insta al Gobierno de España y a la Junta de Extremadura a ejecutar las medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

 

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here