A poco más de un mes de entrar en 2025, y con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 -a nivel nacional, autonómico y local- gestándose durante estos días, UNICEF España recuerda que la infancia debería ser una figura central en su desarrollo.
“Si bien nuestro país se encuentra en una coyuntura macroeconómica favorable, las cifras de pobreza infantil indican que se está dejando atrás a los niños y niñas”, asegura José María Vera, director ejecutivo de UNICEF España. “El riesgo de pobreza de la población menor de 18 años ha aumentado del 28% al 29% respecto al año anterior, y también lo hace la privación material infantil, del 10 al 12%. Esto hace urgente y necesario invertir más en protección social de la infancia y las familias”.
España es el país que tiene menos capacidad para reducir la pobreza infantil mediante transferencias de toda la Unión Europea (UE): solo el 17%, frente a la media del 41% de toda la UE o más del 50% en Alemania, Finlandia, Irlanda o Polonia. Además, nuestro país invierte solo un 1,5% del producto interior bruto (PIB) en protección social de la infancia y las familias, frente al 2,4% del PIB de la media europea (354 euros de gasto por habitante en nuestro país, frente a 678 euros en la UE).
Situación Social de la Infancia en Extremadura
En el análisis de la situación de los niños, niñas y adolescentes extremeños, llevado a cabo por UNICEF España en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2023, se aprecia que el 39,6% de los niños, niñas y adolescentes se encuentra en una situación de riesgo de pobreza o exclusión social; un 11,5% de los niños, niñas y adolescentes vive en hogares en situación de carencia material y social severa; y el 14,8% de los hogares con niños y niñas sufre retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal en Extremadura.
Los altos niveles de riesgo de pobreza y exclusión social que desde hace varios años se advierten en Extremadura requieren de un abordaje más intenso y con mayor impacto. Es necesario situar a la infancia como prioridad presupuestaria e impulsar políticas y estrategias sobre protección social de la infancia, educación, salud mental y derechos digitales.
