El Tribunal Supremo considera que no hay causas que justifiquen la imposibilidad material de ejecutar la sentencia que ordena el derribo del complejo turĆstico Isla de ValdecaƱas.
AsĆ se recoge en la sentencia de la SecciĆ³n Quinta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 9 de febrero de 2022, y cuyo contenido ya fue avanzado el pasado 8 de febrero.
El texto, de 65 pĆ”ginas, dictamina que, en este caso, Ā«no se aprecia la concurrencia de causas que justifiquen la imposibilidad material de ejecuciĆ³n de las sentenciasĀ» en sus propios tĆ©rminos en cuanto a la demoliciĆ³n de lo construido y en funcionamiento.
Una imposibilidad material que ha de examinarse, subraya, atendiendo a las circunstancias del caso concreto y los derechos e intereses comprometidos en la ejecuciĆ³n. En cualquier caso, no puede identificarse con el hecho de que Ā«la ejecuciĆ³n presente dificultades o la conveniencia de atender otros intereses que no pueden imponerseĀ» a los que resultan tutelados por los pronunciamientos judiciales que se trata de llevar a efecto. EjecuciĆ³n que constituye Ā«un derecho fundamental y ha de consistir precisamente en lo establecido y previsto en el falloĀ».
Recurso de Ecologistas en AcciĆ³n
Como ya se informĆ³ hace una semana, el Supremo ha estimado el recurso de casaciĆ³n interpuesto por Ecologistas en AcciĆ³n contra el auto de 30 de junio de 2020, sobre ejecuciĆ³n de las sentencias de 9 de marzo de 2011 (recursos 561 y 753/2007). AsĆ, declararon la nulidad del Decreto 55/2007, de 10 de abril, por el que se aprobaba definitivamente el Proyecto de InterĆ©s Regional promovido por Marina Isla de ValdecaƱas.
Todo esto quiere decir que no hay que mantener el hotel, viviendas, campo de golf e instalaciones que actualmente estƔn construidas y en funcionamiento, que deberƔn ser demolidas.
La sentencia indica tambiĆ©n que los terrenos objeto del auto de ejecuciĆ³n se encuentran dentro de la denominada Red Natura 2000, una red ecolĆ³gica europea de Ć”reas protegidas para la conservaciĆ³n de la biodiversidad.
Por contra, seƱala la sentencia, el Tribunal Superior de Extremadura acepta la concurrencia de la imposibilidad material parcial de ejecutar las sentencias, manteniendo las obras de urbanizaciĆ³n, edificaciones e instalaciones deportivas ejecutadas al amparo del Proyecto de InterĆ©s Regional (PIR) promovido por Marina Isla de ValdecaƱas, S.A., a pesar de la existencia de previas sentencias que declararon la nulidad de pleno derecho del mismo y ordenaron la reposiciĆ³n de los terrenos a la situaciĆ³n anterior, mediante la demoliciĆ³n de lo construido.
La cuestiĆ³n que debĆa ser resuelta por el Tribunal Supremo era determinar la imposibilidad material de ejecuciĆ³n de una sentencia (respecto de todo lo que ya ha sido construido). AsĆ, tiene en cuenta que se verĆan Ā«seriamente afectados intereses de carĆ”cter socioeconĆ³mico o de otra Ćndole, siempre que quedase debidamente garantizada la integridad ambientalĀ».
En este sentido, el Supremo recuerda que el pronunciamiento de nulidad y reposiciĆ³n de los terrenos de ValdecaƱas a la situaciĆ³n anterior tiene por objeto la Ā«restauraciĆ³n de la legalidad urbanĆsticaĀ». Cabe recordar que este suelo era no urbanizable y de especial protecciĆ³n, impuesta legalmente como consecuencia de la integraciĆ³n en la Red Natura 2000, Ā«impide la transformaciĆ³n urbanĆstica llevada a cabo al amparo del PIRĀ».
Con todo, la ejecuciĆ³n en sus propios tĆ©rminos de las sentencias, en cuanto restauraciĆ³n de la legalidad urbanĆstica, Ā«necesariamente conlleva la desapariciĆ³n de las instalaciones, obras y actuaciones de transformaciĆ³n urbanĆstica realizadasĀ».
La sentencia cita al Tribunal Constitucional y razona y concluye que Ā«los citados terrenos Red Natura 2000 deben quedar preservados de la transformaciĆ³n urbanĆstica; esto es, han de permanecer en situaciĆ³n de suelo rural excluido del proceso de urbanizaciĆ³nĀ».
TambiĆ©n analiza y cita la doctrina sobre la ejecuciĆ³n de sentencias y la interpretaciĆ³n Ā«sumamente restrictivaĀ» que debe darse a los supuestos de inejecuciĆ³n material.
Con respecto al impacto socio-econĆ³mico de las construcciones, poniendo de manifiesto que en este caso, la propia Sala de instancia tiene en cuenta la existencia de informes contradictorios sobre el impacto socio-econĆ³mico que la ejecuciĆ³n tendrĆa en los municipios de El Gordo y Berrocalejo.
Valorando los mismos, viene a reconocer el Ā«limitado impactoĀ» que la ejecuciĆ³n tendrĆa en cuanto a la generaciĆ³n de empleo. Por esta razĆ³n, se refiere genĆ©ricamente al mantenimiento de la poblaciĆ³n en los municipios cercanos asociados al turismo que genera la urbanizaciĆ³n.
VALDECAĆAS: CorrupciĆ³n a lo grande
La Junta cambiĆ³ la ley de suelo para construir la urbanizaciĆ³n del pelotazo urbanĆstico. SabĆan que era zona protegida y siguieron. Juegan con Extremadura como si fuera un monopoly. Ā”Que lo paguen ellos de su bolsillo!https://t.co/R1znnOIf3E pic.twitter.com/YeA7kTLR74
ā Ecologistas en AcciĆ³n Extremadura (@EeAExtremadura) February 15, 2022
Unos beneficios que, aƱade, Ā«difĆcilmente pueden imponerse y considerarse desproporcionadamente de mayor alcance que la realizaciĆ³n de los intereses pĆŗblicos tutelados y comprometidos en la ejecuciĆ³nĀ», como son la ordenaciĆ³n urbanĆstica y la protecciĆ³n del medioambiente, que resultarĆan Ā«definitivamente lesionadosĀ» al mantenerse y consolidarse la transformaciĆ³n urbanĆstica anulada.
El Supremo insiste que los efectos econĆ³micos y sociales de ValdecaƱas no ha de ser Ā«a costa de que se vean afectados intereses que el propio Legislador AutonĆ³mico ha considerado de mayor relevanciaĀ», como es la planificaciĆ³n del territorio, a lo que se suma, lo establecido por el Legislador Estatal, Comunitario y AutonĆ³mico, en protecciĆ³n de intereses tambiĆ©n de mayor protecciĆ³n, como es el medio ambiente.
Perjuicios econĆ³micosĀ
Respecto de la alegaciĆ³n de los posibles perjuicios econĆ³micos, la resoluciĆ³n parte de lo resuelto por el TC en su sentencia de 2020, cuando afirma que Ā«la AdministraciĆ³n al aprobar el PIR Marina Isla de ValdecaƱas actuĆ³ como si la protecciĆ³n del terreno no existiera y decidiĆ³ transformar urbanĆsticamente el suelo como si de suelo sin protecciĆ³n alguna se tratara, adoptando una decisiĆ³n fuera del orden o comĆŗn modo de obrarĀ».
AƱade que la actuaciĆ³n administrativa Ā«no era conforme a Derecho al no haber actuado la Junta de Extremadura como la primera y eficaz garante del ordenamiento medioambiental y urbanĆsticoĀ». Por eso, el Supremo es Ā«contundenteĀ» al afirmar que Ā«la responsabilidad econĆ³mica que pueda resultar para la AdministraciĆ³n en este caso, lejos de resultar desproporcionada, se corresponde con el alcance de su responsabilidad en la transformaciĆ³n urbanĆstica declara ilegal y cuya reparaciĆ³n se trata de obtener mediante la ejecuciĆ³n en sus propios tĆ©rminos de las correspondientes sentenciasĀ».
