El Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de Cáceres ha admitido parcialmente el recurso intepuesto por la empresa Salud Mental Inserta SL por el que se obliga al Ayuntamiento de Cáceres a reformar las deficiencias de la piscina principal del complejo deportivo Guadipark, que gestiona desde 2013 la citada entidad a través de una concesión municipal.
El complejo, localizado junto al embalse de Guadiloba, arrastra otros problemas de legalización al haberse construido en zona protegida y carece de licencia de actividad. Este hecho se une al mal estado de la piscina y la empresa «no ve garantías» para la apertura de las piscinas la nueva temporada.
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Sin embargo, el fallo reconoce el mal estado del vaso y la necesidad de arreglo dada las fugas y averías que presenta esta piscina, que suponen «pérdidas ingentes de agua de la red principal», informa la empresa. En esta línea, critica que estas averías han sido obviadas por los técnicos del Ayuntamiento y el órgano de contratación e Inspección de servicios, «dejando a la empresa totalmente indefensa ante la situación».
Estas averías en el Guadipark, que se detectaron desde el inicio de la concesión, supondrían unos gastos de 125.000 euros, aunque esta reclamación no ha sido estimada en la sentencia.
El área de recreo Guadipark se creó en el año 2001 como una mejora al contrato de concesión de aguas que resultó a favor de Canal de Isabel II. El complejo, que fue construido por esta empresa, revirtió al Ayuntamiento en 2011 con el fin del contrato de dicha empresa.
El complejo está sin legalizar
En 2012 salió a licitación el Guadipark pero el concurso quedó desierto y en 2013 volvió a salir a concurso público y se concesionó a la empresa actual, «sin haber requerido la adecuada legalización para su concesión y dejando a la empresa concesionaria en un limbo de responsabilidad legal», argumenta la entidad en nota de prensa.
En el procedimiento judicial los técnicos municipales han declarado en sede judicial que esa piscina, antes de que se le adjudicara el servicio a Salud Mental Inserta, «no presentaba ningún tipo de problemas que le constara al Ayuntamiento». No obstante, sí que existe un acta del Pleno del Ayuntamiento de 21 de junio de 2012 en la que se puede leer que «constan averías y deficiencias», asegura la empresa.
Una vez que Salud Mental Inserta SL se presentó la licitación del año 2013 no se le informa de las graves deficiencias, no reparadas, que presentan los vasos de las piscinas. Además, se le comunica en el estudio de viabilidad de la licitación de dicho año que el servicio «es absolutamente eficiente», cuando los años anteriores se había compesando económicamente el déficit de explotación a Conyser, la empresa a la que se le adjudicó de forma directa al quedar desierto el concurso.
Con esta estampa, la empresa asegura que lleva un año intentando mantener una reunión con los responsables del contrato, sin tener noticias, vía correo, por registro, la última vez hace dos días pero «se niegan a recibir a la empresa».
Cabe destacar que Luis Salaya conoce la situación desde junio de 2019 y que «genera graves perjuicios para la empresa, sin respuesta alguna por su parte», a la cual se le ha exigido legalizar el complejo a pesar de ser esto una responsabilidad del Ayuntamiento propietario de la instalación.
A día de hoy, la empresa concesionaria, se está planteando recurrir la sentencia para reclamar los daños ocasionados y las pérdidas que el mal estado de las piscinas ha ocasionado. Igualmente, estudia la solicitud de resolución del contrato, dado que ha quedo probado el mal estado de la piscina y el desequilibrio que esto ha generado.
Y, por último, «esta valorando los indicios que se desprenden de la documentación requerida por el juzgado, el contenido y proceso de la licitación* con objeto de iniciar una denuncia penal por las presuntas irregularidades que se desprenden de la información y documental entregadas por el Ayuntamiento, para que se depuren responsabilidades si las hubiese», concluye la nota.
