El manifiesto ‘Las Vidas Precarias y Migrantes Importan’, firmado por sindicatos, activistas o políticos, alerta sobre la «preocupante» situación de los trabajadores precarios, en su mayoría personas migrantes, que está dando lugar a rebrotes de COVID-19.
Este texto advierte de que las condiciones de «explotación, hacinamiento e insalubridad» de algunos centros de trabajo y residenciales «están detrás» de esta situación, así como la legislación de extranjería y el racismo institucional «son el telón de fondo» de los rebrotes.
Entre los firmantes, destacan el secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT); portavoces de ‘Las Kellys’; Territorio Doméstico y Sedoac; Daouda Dieye del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes (Barcelona); Asier Guerrero de CGT Telepizza Zaragoza; o activistas femeninas como la andaluza Pastora Filigrana y la vasca Jule Goicoetxea.
Igualmente, se han sumado a esta reivindicación la periodista Nuria Alabao; el escritor Nicolás González Varela; Dolores Morondo Taramundi, de la Universidad de Deusto; Fabio Frosini, investigador Universidad de Urbino; Josefina L. Martínez, historiadora y periodista; y Cynthia Lub, doctora en Historia de la UB.
También se han adherido organizaciones políticas como Anticapitalistas, Endavant OSAN y la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT), y referentes como la exdiputada de IU y militante de Red Roja Ángeles Maestro, Jordi Magrinyà de Endavant (Barcelona) y los portavoces de la CRT, Santiago Lupe y Lucía Nistal.
Así, todos estos firmantes exigen la paralización de las actividades en todas las empresas que incumplan las medidas de prevención elementales y el mantenimiento de todos los puestos de trabajo y jornales «hasta que éstas sean resueltas». También exigen el fin de «las condiciones de trabajo precarias y la derogación de las reformas laborales«.
Asimismo, piden que la garantía de viviendas dignas para todas aquellas personas migrantes o sin recursos que lo necesiten. Además, consideran que los centros residenciales para personas refugiadas o menores migrantes han de ser «atendidos por personal contratado directamente por el Estado y en condiciones dignas».
También piden la «regularización inmediata y permanente de todas las personas migrantes, la derogación de la Ley de Extranjería y el cierre definitivo de los CIE».
