Una manifestación reclama políticas efectivas de vivienda
Campamento Dignidad Extremadura

Campamento Dignidad y Mérida Solidaria han convocado una manifestación en Mérida el próximo jueves, 15 de julio, para exigir a la Junta de Extremadura políticas de viviendas que hagan frente al «enorme déficit habitacional» que tiene la región.

En un comunicado, los convocantes remarcan que hay «cientos de familias y personas jóvenes en muchas localidades extremeñas» que carecen de vivienda y, por tanto, «ponen freno al desarrollo de sus perspectivas vitales». Además, insisten los conectivos, no tienen «posibilidades de acceder a ellas».

«No sólo la falta de viviendas públicas es un problema común que castiga a la población extremeña, también, las consecuencias derivadas de la crisis económica agravadas por la pandemia contribuyen a incrementar los efectos negativos que se traducen en lanzamientos por impago de alquileres y ejecuciones hipotecarias», añaden.

Igualmente, auguran que las previsiones para los próximos meses pueden ser «aterradoras», sobre todo para las clases trabajadoras que son las que «han sufrido y sufren las consecuencias de la pandemia», a partir del 8 de agosto cuando termine la moratoria aprobada por el gobierno.

En esta línea, añaden que la Junta de Extremadura decidió suspender los desahucios en viviendas públicas hasta la finalización del estado de alarma. Sin embargo, dada la situación económica que están atravesando «buen número de familias extremeñas es de esperar que la Junta siga manteniendo esta actitud de suspensión de los desahucios de modo indefinido».

No obstante, en Extremadura, según datos del Consejo General del Poder Judicial, el número de lanzamientos practicados por los juzgados, tanto los derivados de la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) como los derivados de las ejecuciones hipotecarias, en el primer trimestre de 2021 se situó en 126, lo que implica un incremento del 17,76 por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior.

Por todas estas razones, desde Campamento Dignidad y Mérida Solidaria consideran que la situación habitacional en cuanto a la carencia de viviendas públicas y con la perspectiva de lo que pueda ocurrir tras el 8 de agosto necesitan de una «intervención urgente» de la Junta de Extremadura.

Así, reclaman una política que «ataque básicamente el déficit de viviendas públicas«, como la compra de viviendas para su puesta en alquiler social de las «muchas viviendas que están en manos de entidades bancarias y otras administraciones públicas, como ocurre en Mérida y Badajoz».

Además, piden que terminen de «modo inmediato» las viviendas a medio construir, y se programe la construcción o adquisición de viviendas en aquellas localidades donde haya necesidades.

También que se impida «todo tipo de desahucios a familias que se encuentren en un estado de vulnerabilidad económica y social«.

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