La mitad de la población extremeña padece exclusión en materia de empleo, mientras que una cuarta parte está afectada por factores de exclusión residencial.

La mitad de la población extremeña sufre exclusión en materia de empleo, mientras que una cuarta parte de la población está afectada por factores de exclusión residencial (accesibilidad, adecuación, habitabilidad y estabilidad de la vivienda) y el 18% de las personas en Extremadura se encuentran afectadas por la exclusión de la salud, reflejándose fundamentalmente en situaciones de privación de asistencia y de dependencia.

Así se desprende del octavo informe sobre exclusión social y desarrollo que ha realizado la Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) y Cáritas, en el que se constata que sólo el 34 % de la sociedad española está en situación de integración plena.

El informe refleja que Extremadura es una de las comunidades autónomas con mayor riesgo de pobreza y exclusión social en España, aunque los datos arrojan que se ha producido un “incremento moderado” de la desigualdad en la región, lo que supone una evolución mucho más contenida que la de España.

Cáritas y la Fundación Foessa cuestiona la “lógica de las privatizaciones y la mercantilización”

La organización de Cáritas ha alertado de que en Extremadura hay ya 289.000 personas en exclusión social, lo que supone un 26,2% que supera a la media nacional que se sitúa en el 25%, lo que la convierte en una de las Comunidades Autónomas con mayor riesgo de pobreza y exclusión social de España.

Según el informe, el núcleo central de la sociedad extremeña —denominado “integración plena”— es ya una “estricta minoría” y que la exclusión social afecta a unos 100.000 hogares. Los problemas de exclusión que más afectan a la sociedad extremeña son los relacionados con el empleo, la vivienda y la salud.

Otra de las conclusiones que se desprenden del informe es que “la red social próxima es intensa y plural, y es para muchas familias una tabla donde agarrarse ante la crisis” y además, se constata que la exclusión social afecta mayoritariamente a las familias con niños y a los jóvenes, aunque se duplica en los desempleados de larga duración y en los extranjeros no comunitarios.

Así, en el informe se alerta sobre la ruptura del contrato social que era la base de la estructura del bienestar y recomienda revisar nuestras preferencias como ciudadanos y cuestionar la lógica de la privatización, la individualización y la mercantilización, por lo que se propone articular una protección social armonizada en todo el Estado y garantizar una protección social basada en el fortalecimiento de los servicios sociales públicos.

La población excluida en España afecta ya al 25%

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El informe recomienda que los gobiernos consideren el gasto social como una inversión

A nivel nacional, el informe recoge que el núcleo central de la sociedad española considerado en situación de integración social plena en la actualidad representa tan solo el 34,3% de la población, mientras que en 2007 superaba el 50%.

Esto significa que la población excluida en España asciende ya al 25% y afecta a más de 11,7 millones de personas. De ellas, cinco millones se encuentran en exclusión severa y “hay que tener en cuenta que dos de cada tres personas excluidas ya estaban en esta situación antes de la crisis”.

Así, la precariedad afecta a ámbitos como la vivienda y la salud. De los 11,7 millones de excluidos, el 77,1% sufren exclusión del empleo, el 61,7% exclusión de la vivienda y el 46% exclusión de la salud. En cuanto al perfil sociológico, son las familias de mayor tamaño las que más afectadas se han visto, sobre todo familias en las que hay muchos niños y muchos jóvenes.

Generación hipotecada

Asimismo, se multiplica de forma generalizada la vulnerabilidad de la juventud, ya que el 35% de los jóvenes vive en hogares excluidos y el 27% de los jóvenes desocupados está fuera del sistema educativo. Como se indica en el informe, en cierto sentido puede hablarse de una ‘generación hipotecada’.

Según el informe, al analizar los efectos de las políticas de austeridad, tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea, la investigación confirma que los recortes en servicios sociales y bienestar “son incompatibles con la consecución del objetivo de reducción de la pobreza recogido en la Estrategia Europea 2020”.

Al mismo tiempo, otros derechos, como sanidad, educación, protección social y apoyo a la dependencia presentan condiciones de acceso “cada vez más restrictivas”, por lo que los autores del informe sostienen que las reformas en el sistema de bienestar social en España, especialmente las desarrolladas a partir de mayo de 2010, “han supuesto una regresión en las políticas sociales”.

Por ello, el informe recomienda que los gobiernos consideren el gasto social como una inversión, dando prioridad a aquellos ámbitos que son más correctores en términos de desigualdad, como sanidad, educación, pensiones y rentas mínimas. También se apuesta por una política “eficaz” que evite la transmisión intergeneracional de la pobreza, que es uno de los peligros latentes y de “especial gravedad” para el futuro.

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