Un grupo de más de 35 familias de fallecidos en la Residencia Asistida ‘El Cuartillo’ de Cáceres han unido sus fuerzas para presentar una querella criminal contra la dirección de dicho centro. Su objetivo es «recabar» información sobre lo que ha pasado durante la pandemia ya que «parece ser que es posible que haya habido una negligencia en la gestión».
Así lo ha explicado el abogado del despacho Pita&Broncano, Marco Antonio Tobías, que también ha incidido en que «hay 74 fallecidos oficiales» y «en muchos casos» no tienen el certificado de defunción.
«Es posible que haya más fallecidos como consecuencia del COVID-19 y todo apunta a que ha habido una negligencia en cuanto a la protección que se debería haber dispensado a estas personas por el hecho de estar internos en esta residencia», ha subrayado Tobías.
De esta forma, ha explicado que la función de su despacho es «averiguar hasta donde alcanza esa negligencia». Por tanto, «en el caso de que se haya cometido, averiguar» quien lo ha realizado y «depurar, en consecuencia, responsabilidades».
«En principio nos vemos obligados, porque no tenemos otra opción y porque creemos que hay indicios de criminalidad, a presentar una querella ante los Juzgados de Cáceres con la finalidad primera de que el juzgado nos auxilie para poder tener esa documentación que necesitamos», ha señalado.
En este sentido, ha avanzado que también pedirán que se tome declaración «a aquellas personas que off the record, algunos trabajadores, que ya están reconociendo que la gestión no fue la debida o que pudo haber incluso impedimentos por parte de la dirección de la residencia para facilitar equipos EPI». Además, según el abjogado, parte de los trabajadores «incluso manifestaban que podían estar contagiados o que se encontraban en una situación de duda sobre si estaban contagiados o no y no podían quedarse en su casa».
De esta manera, Tobías ha remarcado que van «a acudir a los tribunales con esta querella criminal» que irá dirigida «en principio contra la dirección de la residencia» para «recabar toda esa información». «Y en función de la información que vayamos recabando intentaremos, obviamente, seguir adelante por esta vía y si por lo que fuera se cortara esta vía y quedara expedita la vía de la reclamación civil o incluso la reclamación patrimonial contra la Junta de Extremadura, seguiríamos esa vía», ha detallado.
A este respecto, Tobías ha expresado que es «una situación muy complicada» y que «los familiares están muy dolidos» por lo que quieren «verse compensados». «Desgraciadamente la única manera de compensarlos hoy en día es algo difícil que el responsable pida disculpas y la única manera legal es el resarcimiento económico, algo que ni siquiera muchos familiares han tenido en cuenta», ha aclarado.
Reconocimiento
Igualmente, ha manifestado que las familias quieren «un reconocimiento de lo que ha pasado», que «se les pida perdón» para «que se reconozca el hecho». Esto supondría además, «la asunción de las correspondientes responsabilidades, legales o civiles».
«El objetivo último y final es encontrar al responsable y que se haga justicia, obviamente nadie quiere matar a nadie, nadie quiere meter en prisión a nadie pero el que se haga justicia es un término muy genérico», ha sentenciado Tobías. Al mismo tiempo, ha explicado que «si la justicia se hace en vía penal alguien tendrá que ser inhabilitado o enviado a prisión, si la justicia se hace en vía civil o contencioso-administrativa alguien o alguna institución tendrá que indemnizar a estos familiares que han sufrido esta negligencia en el supuesto de que la hubiera».
El abogado ha apuntado también la «indignación» de los familiares ha sido «la mecha» que ha hecho «encender este movimiento». Tanto es así que «seguramente creen una asociación» y ha aseverado que «en todos los familiares se repite el patrón de falta de información» sobre lo ocurrido con sus seres queridos fallecidos.
«Si no nos la dan a nosotros (la información) se la tendrán que dar al juzgado o a la fiscalía que, como saben, ha abierto una línea de investigación», ha remarcado Tobías.
De igual modo, ha aseverado que no quieren «hacer sangre» y que están «dispuestos» a sentarse con la otra parte «a hablar en cualquier momento». «Si vamos a sentarnos a hablar para que nos digan que no se ha cometido negligencia no hay nada de qué hablar, si se sientan para hablar, para pedir disculpas y reconocer los errores que se hayan podido cometer, evidentemente todos somos humanos», ha espetado.
Tobías también ha aclarado que el despacho Pita&Broncano ofrece este servicio «colectivo a todo el grupo» y «sin interés económico inicialmente». «Nuestro trabajo es llegar hasta el final, hasta donde el cliente quiera y hasta donde se pueda… una cosa es lo que queremos conseguir y otra lo que la ley nos permita hacer o reconozca» porque «que el afectado se quede sin defensa es lo último que podemos permitir», ha afirmado.
Familiar afectado
Por su parte, Francisco Javier García, hijo de una residente en la Asistida que falleció el pasado 21 de abril, ha contado que su madre estaba en dicho centro desde 2017 y que estaban «contentos» porque «estaba bien». Sin embargo, aunque tenía demencia senil, con la llegada del COVID-19 «de la noche a la mañana se nos ha ido».
García ha detallado que «la última vez» que vio a su madre fue el pasado 11 de marzo, que fue a tomar un café con ella. El día 13 de marzo cerraron la residencia a las visitas debido a la situación del coronavirus y el personal les dijo a las familias que si no les llamaban «es que estaba bien».
Así pasó «un mes y medio» sin que les llamasen y tampoco «cogían el teléfono», mientras García reclamaba «una foto o un vídeo» y se lo enviasen.
«Luego ya nos llamaron un día que estaba con un poquito de infección de riñón, de la orina y empezó con unas décimas de fiebre y sin test ni nada la pusieron donde estaban los enfermos de Covid», ha desgranado. Posteriormente, recibió llamadas del médico «muy de vez en cuando y nos informaba de que mi madre estaba con síntomas de Covid».
Así, ha remarcado que al principio «no le hacían test» y que «el 19 de abril tenía previsto una PCR» pero su madre «murió el 21 de abril y en el certificado médico pone posible Covid».
Por todo esto, Francisco Javier García ha expresado que han sentido «angustia» y «una sensación de no poder hacer nada, una impotencia terrorífica». Además, los familiares muestran su indignación «porque se nos ha ido y el día 11 de marzo estaba perfecta».
Igualmente, ha enfatizado que «hay 155 trabajadores afectados» en la residencia por lo que, en su opinión, «ahí ha fallado algo». Por esto, se han «unido unos familiares» y van «a demandar» para «ver qué ha pasado».
«Algún responsable tiene que haber, no han sido cinco sino que van ya 80-90 abuelinos (fallecidos), algo ha pasado ahí», ha insistido, a la vez que ha dicho que no le han llamado de la residencia. «A mi me dijeron que mi madre estaba allí fallecida, que fuésemos a por ella, no nos han llamado para decir ni lo siento mucho, ni una explicación
por eso queremos que se averigüe qué ha pasado ahí», ha finalizado.
Por último, y ante esta situación, la Junta de Extremadura, puesto que la residencia depende del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), ha declarado que «una vez el caso está en vía judicial, para no obstaculizar la acción de la Justicia», su «única valoración» es que están «a disposición de la Justicia» para lo que les requiera.
