alzapiernas

La obra de Alzapiernas es el escenario perfecto para una película de Woody Allen. Una calle de comerciantes cacereños que mira atónita cómo su gobierno intenta echarle un cable y acaba estrechando una soga. El absurdo de la intervención es tan mayúsculo que cada vez que alguien se pronuncia, o llega algún informe de valoración, nos preguntamos cómo es posible que tamaño despropósito obtuviera las licencias pertinentes. Unas licencias, que cuando no es el propio Ayuntamiento el que las solicita, se convierten en una verdadera tortura para el promotor que quiera acometer reformas o cambiar una determinada actividad. Pero, caray, cuando el que emite el informe es el mismo que el que lo solicita, uno se pregunta si no habrán utilizado otra vara de medir.

No me digan ustedes que no sabían previamente que la obra incumpliría los criterios de accesibilidad. Así lo ha manifestado la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (Otaex), que recomienda introducir una serie de mejoras para paliar el incumplimiento de accesibilidad con rampas que desafían la gravedad y suelos deslizantes con varios accidentes hasta la fecha. ¿No deberían, por tanto, los mismos que exigen cumplir la ley, hacer lo propio? ¿No deberían tener algún tipo de responsabilidad los que permitieron y financiaron la actuación?

Salaya, el alcalde en la actualidad, dice que la responsable tiene nombre y apellidos y que tratará de maquillar las consecuencias, porque, entre otras cosas, no tiene dinero para acometer otra reforma. Los comerciantes, pacientes y víctimas, contemplan horrorizados lo que sería otra zona cero con el pavimento levantado y el polvo flotando a la puerta de sus negocios.

Se ha hecho mal. Muy mal. Pero sería peor volver a colapsar toda la zona con otra obra que no arreglaría nada. Hay veces que es mejor dejar las cosas como están, como la Isla de Valdecañas, declarada ilegal y en proceso de demolición, o el famoso ‘cubo’ de Badajoz, que tuvo que demoler dos de sus plantas de la facultad situada en la Alcazaba con un coste de 400.000 euros.

En El Gordo, municipio en el que se sitúa la Isla de Valdecañas, no quieren ni oír hablar del tema. Temen que la desaparición del complejo turístico destruya su fuente principal de empleo. Tienen toda la razón. A veces las consecuencias son mucho peores desandando el camino que dejándolo como está. Alzapiernas, el Cubo o la Isla de Valdecañas son claros ejemplos de vulneración de la ley urbanística y de accesibilidad. ¿Pero qué ocurre cuando restablecer la ley causa más perjuicio que beneficio? ¿No legislamos para hacer la vida más fácil a la gente?

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