La Mesa del Congreso ha dado entrada este martes a la petición de suplicatorio cursada por el Tribunal Supremo para investigar al diputado del PP Alberto Casero. Cabe recordar que el diputado está siendo investigado por indicios de delito por contratos firmados durante su etapa como alcalde de Trujillo (Cáceres). A partir de ahora comienza el procedimiento parlamentario y este jueves la Comisión del Estatuto del Diputado fijará los plazos para tomar una decisión.
El magistrado del Tribunal Supremo Andrés Palomo, a cargo de la investigación, ha pedido el suplicatorio para proceder penalmente contra el diputado del PP, ya que observa indicios racionales de presuntos delitos de prevaricación y malversación, por determinados acuerdos y contratos de servicios que realizó como alcalde.
Se trata de un trámite necesario para poder continuar con el procedimiento abreviado, ya que implica una inculpación formal que requiere con carácter previo la autorización del Congreso por la condición de diputado de Casero.
La comisión
En su reunión de este martes el órgano de gobierno del Congreso clasificó el suplicatorio y lo remitió a la Comisión del Estatuto del Diputado, que preside la socialista Adriana Lastra y que dispone de un máximo de 30 días hábiles para presentar una propuesta.
El diputado extremeño, uno de los más estrechos colaboradores del ex secretario general del PP Teodoro García Egea y que ocupó las portadas por su equivocación a la hora de votar la reforma laboral, que salió adelante por su error, era el representante del PP en esta comisión hasta que fue relevado de su cargo tras la entrada de Alberto Núñez Feijóo en Génova. Ahora la portavocía está en manos de Ángel Luis González.
Esta comisión, que se reúne a puerta cerrada, ya ha sido convocada para este jueves, 22 de septiembre, para establecer las fechas para el procedimiento y para dar audiencia al diputado Casero, trámite que podrá realizar por escrito en el plazo que fije la propia Comisión o de forma oral ante la misma.
Cuando esta comisión termine su labor, elevará su conclusión al Pleno de la Cámara, que es el que tiene la última palabra. Cabe recordar que en anteriores suplicatorios la Comisión del Estatuto del Diputado ha resuelto este trámite en unas dos semanas.
No obstante, el debate y votación de los suplicatorios en el Pleno del Congreso también se desarrolla a puerta cerrada. Además, los diputados tampoco están obligados a seguir consignas de voto ya que su voto es secreto. Sólo se da a conocer el resultado.
Luego, en un plazo de 8 días, contados a partir del acuerdo del Pleno de la Cámara sobre concesión o denegación de la autorización solicitada, Batet dará traslado del mismo a la autoridad judicial, advirtiéndole de la obligación de comunicar a la Cámara los autos y sentencias que se dicten y afecten personalmente al diputado.
El suplicatorio se entenderá denegado si la Cámara no se hubiere pronunciado en el plazo de sesenta días naturales, computados durante el período de sesiones, a partir del día siguiente al del recibo del suplicatorio.
32 suplicatorios concedidos
Hasta el momento el Congreso ha aprobado 32 suplicatorios y ha rechazado 14 (dos de ellos sobre el mismo diputado). La última negativa del Congreso fue en 1988 y versaba sobre un contencioso por derecho al honor que tenía como protagonista al exministro socialista José Barrionuevo y el hermano de un etarra (el ahora arrepentido Soares Gamboa) por incluir sus fotos en carteles de Interior.
El último que salió adelante fue el suplicatorio de la portavoz de Junts, Laura Borràs, en junio de 2020, que dio luz verde al Tribunal Supremo para que fuera investigada por delitos de fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en su etapa de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
En legislaturas anteriores se autorizó a juzgar a tres diputados del PP –Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte– que habían dado positivo conduciendo. Anteriormente, dio vía libre a investigar al también ‘popular’ Jesús Merino por el ‘caso Gürtel’. El del exconsejero socialista José Antonio Viera, investigado por los ERE, no llegó a completar la tramitación por dimisión del afectado.
Para terminar, conviene recordar los concedidos al ex ministro socialista José Barrionuevo por el ‘caso GAL’ o los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren por los incidentes producidos en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas en un acto que presidían los Reyes.
