Este viernes, 25 de junio, entra en vigor en España la Ley Orgánica para la regulación de la Eutanasia, que fue aprobada el pasado mes de marzo en el Congreso de los Diputados. Esta legislación dictamina que ésta práctica se podrá llevar a cabo a pacientes que los soliciten y que se encuentren en un contexto de «padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable».
Una vez tramitada la primera solicitud, el médico responsable informará al paciente «sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre posibles cuidados paliativos, asegurándose de que comprende la información que se le facilita». Después, el paciente deberá confirmar su intención.
El derecho conquistado con la Ley de la Eutanasia se pondrá en marcha con todas las condiciones de legalidad para que de verdad se despliegue como derecho y con toda la seguridad para que sea un derecho real y efectivo. Y estamos trabajando intensamente. Saludos.
— jvergelesb (@jvergelesb) June 25, 2021
Aún así, después de la segunda solicitud debe haber una nueva reunión entre ambos. Será este médico quien autorizará el proceso de la eutanasia. No obstante, previamente tiene que pedir la opinión de un facultativo formado en el «ámbito de las patologías que padece el paciente» pero que no sea de su «mismo equipo del médico». Igualmente, la comisión de evaluación autonómica (cuya formación está especificada también en la norma) deberá elegir a dos expertos (uno de ellos jurista) que evalúen el caso.
Ambos expertos deben de estar de acuerdo en su decisión, ya que, de lo contrario, será el pleno de la comisión quien la tome. Del mismo modo, este texto recoge que los profesionales sanitarios directamente implicados en esta prestación «podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia», un reparo que «deberá manifestarse anticipadamente y por escrito».
Así, tal y como avanzó el miércoles la ministra de Sanidad, Carolina Darias, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha aprobado el protocolo para la valoración de la incapacidad de hecho para la eutanasia. De esta manera, se establecerá el el procedimiento que deben seguir los médicos en situaciones en las que el paciente no se encuentre en uso de sus facultades y no pueda realizar las solicitudes necesarias.
«Este protocolo es necesario porque es un manual de recomendaciones que están a disposición del personal médico para poder llevar a cabo, en el caso de que la persona no sea capaz, el procedimiento establecido para ir viendo las distintas situaciones«, argumentó la ministra de Sanidad.