El Consejo Médico Extremeño de Atención Primaria demanda mejoras en la gestión y en las condiciones laborales
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El Consejo Médico Extremeño de Atención Primaria (Comexap) ha defendido la mejora de la gestión así como de las condiciones de contratación de los profesionales de dicho sector para dar “estabilidad” y “seguridad” a los trabajadores de primaria.

Así, proponen soluciones para afrontar esta situación “crítica” del sistema sanitario, como poner en prácticas medidas de desburocratización de las consultas de Atención Primaria y así tener más tiempo para la actividad asistencial.

De igual modo, piden una “adecuada” planificación por las Comisiones de especialidad para aumentar el número de especialistas necesarios para “reforzar” la Atención Primaria y “compensar la reposición necesaria”. Así, habría que formar más médicos de familia y más pediatras en todo el ámbito nacional.

Además, a juicio del Consejo Médico Extremeño de Atención Primaria, se necesita  mejorar la gestión y condiciones de contratación para dar “estabilidad” y “seguridad” a los nuevos especialistas en Medicina Familiar, Comunitaria y Pediatría para trabajar en Atención Primaria con contratos “dignos, estables y homogéneos en todas las CCAA”. Solamente así se evitaría su pérdida y recuperar a aquellos que han marchado al extranjero en busca de mejores condiciones.

Asimismo, pide adecuar el mapa sanitario y las plantillas de los centros de salud para crear equipos “autosuficientes y estables” que pueda antender las demandas de la población adscrita. Para ello no habría que recurrir de los contratos “precarios” que resultan “insatisfactorios” para los profesionales y “disgregan al equipo de Atención Primaria”, afirma.

En consonancia con lo anterior,  el Consejo Médico Extremeño de Atención Primaria se manifiesta en un comunicado de prensa en el que expresa su “más enérgica oposición” ante las medidas propuestas en el Real Decreto-ley 29/2020 de medidas urgentes en materia de recursos humanos en el sistema nacional.

Sobre esta cuestión, el consejo incide en que “de nuevo” la Administración “no ha contado con la opinión o propuestas” de las organizaciones que representan a los médicos y pediatras de Atención Primaria, que “son los profesionales que se enfrentan cada día a todos los problemas propios de su actividad habitual, ya excesiva, y los sobrevenidos por esta pandemia”, insiste.

Cambios

Ademas, remarca que desde hace años ya vienen insistiendo ante la Administración sanitaria en la necesidad de una “adecuada” política de recursos humanos para “compensar” la tasa de reposición. El objetivo es “mejorar” una Atención Primaria “en constante merma”, especialmente en recursos humanos de médicos y pediatras.

“No se hizo nada de lo que se propuso y el presupuesto cada vez más reducido en proporción al trabajo desempeñado en Atención Primaria lo constata”, sentencia el consejo. Además, se muestra contrario a las “precipitadas” propuestas de este Real Decreto Ley, por considerar que contratar a profesionales sin la formación adecuada y especialización requerida producirá un “importante menoscabo” a la calidad asistencial de la ciudadanía. Asimismo, considera que la medida minusvalora su titulación y especialización con los años de formación y trabajo que conllevan.

A su vez, opina que plantear la posibilidad de que médicos con especialización hospitalaria puedan pasar a realizar funciones de los médicos de familia es “insensato”, pues “se presupone una capacitación de una especialidad para la que no están formados y por tanto no podrían desarrollar, poniendo en serio peligro la salud de la población atendida en los centros de salud”.

Por otro lado, declara que “presupone un menosprecio y total desconocimiento de la especialización y desarrollo curricular de los médicos de familia al considerar que cualquier médico de otra especialidad podría desarrollarlo con una mínima solvencia y seguridad clínica”.

Por último, entiende que sugerir que el personal de enfermería hospitalaria puede desarrollar funciones de médico de familia o pediata de AP es “claramente ilícito”, por lo que considera que con este Real Decreto-Ley se fomenta e intenta “pseudolegalizar” el intrusismo profesional, al facilitar –indica– ejercer funciones que no son propias a un colectivo profesional sanitario, lo que a su juicio vulnera “claramente” el Código Penal.

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