La empresa Tecnología Extremeña del Litio (TEL) ha presentado recurso de alzada frente a la decisión de la Junta de Extremadura de denegar el permiso de investigación para el proyecto minero de San José Valdeflórez, en la Sierra de la Mosca de Cáceres, donde la mercantil participada de la australiana Infinity Lithium quiere construir una mina de litio a cielo abierto.
Con este recurso de alzada se solicita de forma oficial a la Administración que «ciña su decisión a los criterios legales objetivos, recuperando el principio de confianza legítima que debe imperar en toda relación con la Administración Pública», ha señalado el responsable del proyecto en España, David Valls.
En el recurso presentado, la compañía indica que la documentación del proyecto cumple con todos los requisitos legales necesarios para el otorgamiento y que, por tanto, «su denegación no se basa en motivos jurídicos». Además, este mismo permiso ya fue aprobado con anterioridad, a iguales circunstancias, en una resolución del 29 de abril de 2016.
De acuerdo con el recurso de alzada, el motivo aducido por la administración pública para la denegación del permiso es la normativa urbanística de Cáceres, recogida en su Plan General Municipal (PGM), que prohibiría la actividad solicitada por TEL en suelo no urbanizable. Sin embargo, esta regulación hace referencia al uso extractivo del suelo, no siendo extensible a las actividades de investigación, según defiende la empresa.
El recurso administrativo detalla que las actuaciones planteadas en este permiso por TEL «no constituyen extracción o explotación de materias primas, sino que se trata de meras actuaciones de estudio del subsuelo, por lo que no podría existir una limitación o prohibición para las mismas en el Plan General Municipal».
Con base en lo anterior, el recurso presentado solicita a la Junta de Extremadura que revoque su decisión de denegación del permiso y se ciña al objeto de la solicitud, que son las actividades investigadoras.
«Esta decisión por parte de la administración autonómica, que no solo no cumple con los criterios legales establecidos, sino que también implica un cambio de criterio injustificado respecto a la decisión tomada en 2016, transmite una sensación de parcialidad política que puede conllevar una pérdida de confianza en los procesos administrativos locales, regionales y nacionales, ahuyentando a potenciales inversores«, ha afirmado Valls.
Asimismo, ha resaltado que la caída en la cotización de las acciones es consecuencia de la «inseguridad jurídica y la incertidumbre en los mercados que provocan decisiones arbitrarias de este tipo», por lo que Valls defiende que «la inversión privada y pública necesita garantías de que las administraciones velen por el estricto cumplimiento de las regulaciones».
«Cuando las decisiones económicas dejan de regirse por criterios técnicos y legales y pasan a guiarse por la oportunidad política, se pone en peligro la seguridad jurídica y la fiabilidad administrativa, y se entra en un juego de conveniencias personalistas que puede acabar malogrando cualquier oportunidad seria de progreso», ha concluido.
