Desde mi ventana /
CARMEN HERAS

El pasado 12 de diciembre se han celebrado concentraciones ciudadanas delante de los ayuntamientos, en contra de la ley de reforma local que quiere poner en marcha el Gobierno de España en enero de 2014. Independientemente del éxito de las mismas hay que decir, que todas responden a la inquietud que hoy sufren las corporaciones locales, ante la proyectada merma de sus atribuciones.

Vivimos tiempos extraños. La consabida crisis ha sido un marco perfecto para intentar desde los poderes centrales un cambio de modelo en diferentes asuntos. El ciudadano, ajeno, o no, a muchos de ellos, parece haberse acostumbrado a este vaivén incesante de noticias y contra noticias, la mayoría no buenas, y parece haber decidido que la resistencia debe comenzar por la propia casa. Y así, al tiempo que las administraciones hacen dejación de muchas de sus obligaciones y los gobernantes olvidan sus promesas, los ciudadanos buscan nuevas formas para enfrentar momentos difíciles, tendiendo a un asociacionismo dispar, ahora para buscar alimentos, luego para ayudar al equipo, después para que los jóvenes consigan empleo…, que aunque no esté exento de buenas intenciones, tiene otros objetivos como los de ocupar el tiempo libre, divertirse, salvar la conciencia o alcanzar notoriedad, por lo que es difícil que logre tener una estructura lo suficientemente firme como para estabilizarse  y permanecer.

Mientras, la administración local y sus dirigentes parecen no darse cuenta hasta qué punto todas estas iniciativas son la prueba más evidente de su fracaso como líderes y responsables. Ajenos a la problemática general asisten a cuantos actos los invitan, sonríen para la prensa, cortan cintas y manifiestan una falsa actividad que los deja fuera de las decisiones últimas (véase el caso del Cefot y las votaciones de la alcaldesa en el Senado). Parecen creer que esto no va con ellos.  Y es verdad que no va.

La actual Ley que regula muchas de las atribuciones de los municipios los señala como los marcos por excelencia de la convivencia civil, su historia es en buena medida la de Occidente. En España y en Europa el progreso y equilibrio social han estado siempre unidos al esplendor de la vida urbana y el florecimiento de la vida municipal. Y al contrario, cuando ésta ha decaído, ha bajado la calidad de vida de sus habitantes.

Lo cierto y verdad es que el ciudadano acude a quién le presta los servicios de manera más cercana. La prestación monopolista de los mismos los aleja del día a día de los vecinos, los volverá más caros al bolsillo individual y más difíciles de obtener. El texto que presenta el Gobierno es una apuesta clara por la decadencia de las comunidades ciudadanas, tal como ahora se entienden, y no resolverá los problemas reales de los vecinos. Demonizando a los alcaldes en general no se ayuda a los ciudadanos, al tiempo que se atenta contra sus derechos democráticos más fundamentales.

No tengo demasiadas esperanzas de que el Gobierno de Rajoy de marcha atrás, por muchas y variadas razones. La mayoría absoluta de la que disfruta su partido les permite hacer en cada caso aquello que más corresponde a su propia concepción de la vida, la sociedad y la política. Me sorprende, no obstante, la ostentosa indiferencia de muchos de sus ediles, a los que, dicho en plan coloquial les están  «bombardeando» la casa por dentro, sin que parezcan enterarse, bien por ausencia de inteligencia, por falta de interés o porque, al cabo, ya han tomado la decisión de buscar otros lares en los que pasear.

Para cuando despertemos del sueño, unos y otros, todos, puede que la sociedad que tanto hemos defendido y en la que hemos sido prudentemente felices, ya no exista. En fin…

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