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El turno de oficio de la provincia de Cáceres ha tramitado hasta el mes de noviembre un total de 6.316 solicitudes, en su mayoría por causas civiles relacionados con temas de familia y desahucios que han sido atendidas por casi 300 letrados.

Todos los días se puede ver a personas haciendo colas en la Oficina de Orientación Jurídica en los Juzgados de Cáceres que esperan para entregar su solicitud para que un letrado del turno de oficio les asista. Esto es una consecuencia más de la crisis generalizada que vive el país y que ha hecho que en los últimos cinco años la justicia gratuita haya aumentado en un 55%, pasando de las 4.063 solicitudes de 2008 a las 6.316 a 30 de noviembre de este año. Un porcentaje que previsiblemente aumentará de aquí a finales de año y superará los 6.432 expedientes de 2012.

María Antonia Muñoz, es la vicedecana del Colegio de Abogados de Cáceres, y señala que la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de febrero de este año, en la que se ha ampliado los supuestos para acceder a este servicio, no ha hecho aumentar “especialmente” el número de casos del turno de oficio, “puesto que hay más personas que se encuentran en la situación que ya se contemplaba” y que por tanto, ese incremento se debe a las consecuencias de la crisis.

Así, señala, que se encuentran a diario con personas que tienen a todos los miembros de la familia en situación de desempleo, madres solas que no reciben la pensión alimenticia del padre o víctimas de violencia de género las cuales antes sólo tenían derecho a la asistencia gratuita si justificaban insuficiencia de recursos y ahora se les concede íntegramente.

En el turno de oficio hay inscritos un total de 265 letrados en la provincia de Cáceres y la Oficina de Orientación Jurídica se ha tenido que reforzar y es atendida por dos letrados. “Por ahora, este número de letrados es suficientes y los casos son asumibles, pero las colas no las podemos evitar porque se necesita una atención individualizada, eso sí, si sigue este ritmo de crecimiento se necesitará más personal”, señala Muñoz.

 

_MG_2472María Antonia Muñoz. Vicedecana del ICAC: “Extremadura no es una región rica y siempre ha habido muchas solicitudes para asistencia gratuita, pero la crisis ha agravado esta circunstancia y en los Juzgados vemos cada día situaciones dramáticas”.

 

En cuanto a los asuntos que llegan a través de la asistencia gratuita, la vicedecana, indica que en su mayoría se trata de asuntos civiles, aunque también llegan penales, contenciosos-administrativos y laborales. En los civiles se solicita intervención para casos de familia como puede ser medidas respecto a menores o divorcios, además también destacan los casos pro reclamación de cantidad y por encima de todos ellos las reclamaciones a los bancos por cláusulas suelo o preferentes y subordinadas y desahucios.

En este último caso es donde “mayor drama” se vive con las personas que acuden a pedir su ayuda, apunta la letrada, porque la mayoría de ellas “no pagan, no porque no quieran,  sino porque no pueden”.

Con respecto a la atención que reciben estas personas por parte de los abogados, Muñoz ha manifestado que “como en todas las profesiones habrá gente buena en su trabajo y otra no”, pero asevera que el “99,9% de los letrados del turno de oficio damos el mismo trato que a un cliente particular” e incluso asegura que en la asistencia gratuita “se les trata con más mimo porque no puedes rechazar el caso aunque no lo veas claro”.

Muñoz resalta que  el problema que  surge con la acumulación de expedientes es que “todo es urgente” y como no existe capacidad económica para contratar más personal una de las soluciones que se propone desde el Colegio de Abogados de Cáceres es la de “simplificar los trámites” en cuanto a no tener que volver a presentar los documentos a los que tiene acceso al administración de justicia e implantar las nuevas tecnologías.

La justicia gratuita se puede solicitar, indica Muñoz, en el Juzgado y luego presentar un impreso de solicitud en la Oficina de Orientación Jurídica, también existe una aplicación en internet para presentarla vía telemática, pero en muchos casos se encuentran con personas que no viven en Cáceres y que no tienen acceso a la red y en este caso son los trabajadores sociales quienes las presentan en su nombre “el objetivo es que todas las personas puedan ejercer su derecho de defensa” concluye.

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El Colegio de Abogados de Cáceres también ve en la Ley de Tasas un “impedimento de acceso a la justicia” y señala que los recursos interpuestos en apelación ante la Audiencia Provincial han bajado un 35%, al imponerse el pago de una tasa fija de 800 euros para recurrir que antes no existía.
En el caso de esta Ley los más afectado son la clase media al no tener derecho a acceder a la justicia gratuita pero tampoco recursos para afrontar un proceso judicial, por este motivo consideran que se “ha privado a muchos miles de ciudadanos de su fundamental y constitucional derecho a la tutela judicial efectiva”.
Para el Colegio el objetivo de la Ley de Tasas es “puramente recaudatorio y disuasorio para el acceso a la justicia de los ciudadanos”.[/toggle]

Isabel Valdés /

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