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El conflicto generado por los cortes de suministro continúa semanas después, sirviendo de premisa a los grupos políticos para generar conflictos.

El año pasado la guerra del agua local se ceñía al contencioso que el Ayuntamiento de Cáceres mantenía con la adjudicación del servicio a la empresa concesionaria (un asunto turbio, que se retrotrae a la época de Carmen Heras y del quizás algún día se sepa toda la verdad).

Después de muchos avatares judiciales y burocráticos en un proceso en el que las empresas afilaron los cuchillos para sacar tajada de la gestión de un recurso natural limitado y escaso como es el agua, el capítulo se cerró en noviembre de 2015, cuando el Pleno aprobó la adjudicación definitiva de la contrata del servicio municipal del agua a Canal Isabel II.

Se trata de la mayor contrata municipal que ha adjudica el Consistorio cacereño, ya que alcanza un volumen económico que supera los 300 millones de euros.

Ahora los cuchillos se siguen afilando, pero en otra dirección.

Ha pasado ya un mes y medio desde que se produjeran los cortes programados por la empresa Canal Isabel II (con el beneplácito del Gobierno local) a más de 400 usuarios y el conflicto, lejos de disiparse, aumenta.

Todo esto en mitad de un escenario en el que la empresa concesionaria del agua anuncia nuevos cortes por impago, la mayoría en la barriada de Aldea Moret, que ha salido al paso de los cruces de acusaciones entre los políticos municipales, para alzar la voz y dar su versión de los hechos. Pese a que el Gobierno local se niega a incluir a colectivos sociales en la recién creada Mesa del Agua, que debido a la polémica generada por su composición sigue sin reunirse, pese a la situación insostenible que se cierne sobre algunas familias cacereñas.

Viviendas municipales

Por un lado, el Grupo Municipal CáceresTú (CCTú) ha instado al Gobierno local a que abone las facturas impagadas de agua de aquellas viviendas sociales que no puedan hacer frente al pago del suministro que gestiona la empresa Canal Isabel II.

Así lo explica la portavoz de CCTú, Consuelo López Balset, que precisa que el Ayuntamiento es titular de hasta 400 viviendas sociales en la capital cacereña, algunas de ellas tapiadas o cerradas y otras, incluso, ocupadas ilegalmente.

En este sentido, desde el Gobierno local señalan que se trata de viviendas que están desocupadas, y que es el dueño del inmueble el que tiene que hacer frente al pago del suministro.

Se trata de un requerimiento similar al que anunció el equipo de la alcaldesa, Elena Nevado, a la Junta de Extremadura. El Gobierno local quiere dirigirse de forma subsidiaria al Ejecutivo regional para que se haga cargo de las facturas de agua de las viviendas sociales que son de su propiedad y cuyos inquilinos no hacen frente a los recibos del suministro.

Según la ley, los propietarios de las casas pueden ser sustitutos del contribuyente. Después la Administración regional podría repercutir el pago en los inquilinos que tienen adjudicadas las viviendas sociales para ajustar cuentas.

Aldea Moret exige contadores individuales y denuncia disputas vecinales

La Asociación de vecinos afectados por las Viviendas Municipales de Aldea Moret en Cáceres ha solicitado al Ayuntamiento estar presentes y participar en la Mesa del Agua, y ha instado al Gobierno local a colocar contadores individuales para evitar que el impago aislado de algunos vecinos revierta en cortes colectivos de agua en los bloques.

El presidente de la asociación, José Rodríguez Bello, explica que el gasto del agua en Aldea Moret se repercute de manera conjunta, a cada bloque, por lo que “si hay vecinos que no pagan el recibo, al final terminamos viéndonos todos afectados con los cortes colectivos”; un hecho que “está generando conflictos entre las comunidades de vecinos”.

El portavoz vecinal también ha incidido en que las casas municipales vacías generan un gasto medio mensual de unos 20,90 euros, y ha instado a que sea el Ayuntamiento el que abone ese coste por el suministro, al ser el propietario de las viviendas. Recogiendo así la propuesta lanzada por CCTú.

Además, el portavoz de la Plataforma Antidesahucios de Cáceres (PAH), Pedro Cordero, recuerda que tras el corte de agua efectuado a más de 400 viviendas se repuso el suministro pero “la deuda con la empresa por impago continúa”, y critica que el Gobierno local haya emitido requerimientos de pago, que han supuesto que a “varios vecinos les hayan embargado la nómina o el coche”.

Respuesta municipal

El equipo de Gobierno local se ha mostrado partidario a la hora de buscar fórmulas para colaborar en la colocación de contadores individuales, y baraja la financiación del coste de la instalación de esos contadores, para que el cambio de sistema no suponga un desembolso fuerte de una sola vez.

Sobre este asunto, se ha recordado que “solo se puede proceder al cambio de un contador comunitario a uno individual en el caso de que lo acuerden los vecinos por mayoría, no de forma unilateral”.

Respecto a los impagos de facturas del agua, la semana pasada, según los informes del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), “solo existe constancia de una reclamación formal de deudas de comunidad”, formulada por la Comunidad de Vecinos de la Calle Tíber 2. Así, insisten en que “no se cortara el agua a ninguna familia necesitada”.

Según ese informe del IMAS, todas las viviendas municipales fueron adjudicadas en el año 1998, mediante contratos privados de compra-venta que siguen en vigor, por lo que los titulares de dichos contratos son los propietarios de los inmuebles.

Mientras, el Ayuntamiento “se hace y hará cargo de las viviendas de su propiedad que no hayan sido enajenadas o aquellas en la que exista renuncia expresa al contrato privado de compraventa”. 

Eduardo Villanueva /

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