La exhumación de Franco

En declaraciones a Europa Press, José Manuel Corbacho, presidente de la Armhex, tildó este hecho de “un gran día” para la democracia que “empieza a dignificarse” y a “caminar hacia mayores cotas de calidad”.

Además, quiso resaltar de que se trata de “un hecho histórico” con el que “se ha puesto fin” a este “anacronismo” como es que “en un país democrático de la Unión Europea tuviera a un dictador en un mausoleo sostenido con fondos públicos”.

Para Corbacho, “se ha puesto fin a esa ignominia puesto que suponía un agravio para las víctimas del franquismo y para toda la sociedad democrática, y nos hemos homologado a otros países europeos”.

De la misma manera, Corbacho indicó que “probablemente” la exhumación de Franco se ha hecho tarde pero no por ello “deja de tener una valoración positiva”. Además, recordó también que es el momento de llevar a cabo “las otras recomendaciones que se expusieron en el informe del comité de expertos elaborado en noviembre de 2011” como “que el otro líder fascista cuyos restos allí reposan pasen a no tener ese lugar privilegiado”.

“Era un agravio para las víctimas del franquismo y para toda la sociedad democrática”

De igual modo, explicó que “abordar de una vez por todas” la
”desacralización” del Valle de los Caídos y “convertirlo en un cementerio civil”. Igualmente, habría que “resignificar todo el conjunto con un carácter claramente pedagógico, fundamentalmente pensando en dar esa información a nuevas generaciones sobre unos hechos que no deberían volver a repetirse en nuestro país”, quiso incidir el presidente de Armhex .

“Un proceso largo”

Con respecto al proceso para la exhumación de Franco, Corbacho declaró que ha sido ” muy largo” y en el que “se han estirado todos los plazos” pero, a su juicio, “no por voluntad del Gobierno precisamente, sino como consecuencia de todas las trabas y obstaculizaciones que la familia del dictador ha puesto”.

Al hilo de este proceso, el presidente de la Armhex recordó que el proceso empezó con una proposición de ley que “se aprueba en el Congreso de los Diputados en el año 2007, todavía con el Gobierno de Mariano Rajoy y los votos a favor de todos los partidos” y que el decreto de 2018 “se aprueba también sin ningún voto en contra”.

Por eso, “no alcanzamos a comprender las tibiezas de algunas formaciones políticas que creemos que no han estado a la altura de lo que deberían ser unas formaciones políticas de un Estado del siglo XXI”, sentenció.

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