Carta al director
Proteger o no proteger, esa es la cuestión.
Pocos años después de la entrada de España en la Unión Europea, se declaran zona ZEPA los “Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes” (1989). ¿Qué quiere decir esto? ZEPA son siglas que indican una Zona de Especial Protección para las Aves, figura creada por la administración europea como la asimismo Zona Especial de Conservación (ZEC), ambas englobadas por la Red Natura 2000. Entre 1979 y 2009 —una época que coincide con un gran desarrollo de los movimientos ecologistas en España— se va forjando la actual Directiva europea de las Aves, y también más genérica la Directiva de Hábitats (1992), con lo que se crea de facto una red de espacios naturales protegidos que reciben, por supuesto, suficiente financiación por parte de la Unión Europea. El dinero para sostener estos espacios naturales proviene de los fondos europeos, pero obviamente es gestionado por las autoridades locales, en este caso por la Junta de Extremadura que tiene —a partir de 1983— las competencias en Medio Ambiente como en otros asuntos.
En un principio, cuando se creó la zona ZEPA como una tenaza alrededor de Cáceres, nadie le prestó mucha atención a esta ordenación del territorio, pues las fincas enclavadas en la penillanura no veían conflicto alguno con el desarrollo de sus actividades agropecuarias tradicionales. Con la expansión progresiva de las energías renovables, esta zona esteparia de la comarca cacereña se ha contemplado recientemente como un lugar ideal para captar la energía solar y, porqué no, la eólica. El PGM del ayuntamiento de Cáceres ha querido dar una respuesta «excesiva» al interés de empresas y particulares legislando a favor de una mayor extensión de los “huertos solares” en la zona protegida de los Llanos (fuera de la ZEPA), pero el recurso presentado por ADENEX frente al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha tenido éxito, dejado en suspenso la modificación. Personalmente, aplaudo una sentencia que pone coto a la voracidad de las grandes corporaciones sin respeto a los intereses de los particulares, aunque, paradójicamente, la decisión del TSJEx no sea aplicable «con efecto retroactivo» a la gran planta de Iberdrola que motivó el recurso. Me explico: es lícito que los propietarios de fincas se beneficien de la instalación limitada de plantas solares, sean por su cuenta o por cuenta de otras empresas. De esta manera obtendrían una rentabilidad «social» que podría ayudar a sostener la economía de sus actividades agropecuarias tradicionales. Iberdrola o Endesa, por citar a las dos grandes compañías eléctricas que dominan el panorama español, podrían así comprar esa energía producida por otros, pero no lanzarse a copar el mercado con megaplantas, dejando fuera a los que legítimamente deberían beneficiarse. En ese sentido me parece adecuada la decisión judicial, pero no como excusa para bloquear toda actividad económica en los Llanos, o incluso en la zona ZEPA.
Se podría argumentar que vamos hacia las energías renovables y, por lo tanto, ¿por qué no entonces aprovechar unos llanos soleados y venteados la mayor parte del año para producir energía eléctrica mediante paneles solares o mediante parques eólicos? No, esos llanos son sagrados porque un día, con el entusiasmo de la integración en la Unión Europea, fueron clasificados por Bruselas como «zona especial de protección para las aves», especialmente de avutardas, sisones, gangas, etc. Qué importa que Cáceres, o Extremadura en general, no produzca una energía eléctrica que en el fondo no necesita, pues la industria está muy lejos. La energía extremeña no es más barata para fomentar la industria local, los impuestos no son más bajos para atraer inversores. Nuestra energía —incluyendo la que se produce gracias a los saltos de agua o en Almaraz, no lo olvidemos— no se consume localmente, sino que va al extranjero o a regiones más ricas, como Madrid o País Vasco.
Hay otras zonas peninsulares que pueden beneficiarse de la producción de renovables, pero no, por cierto, los austeros llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes. Una zona que, reconocido por numerosos naturistas, no tiene tanta importancia ecológica como otras, sin embargo, con abundante arbolado y desprotegidas. Aparentemente la avutarda y otros pájaros no podrían vivir en esa extensa penillanura pelada y reseca si hubiera demasiadas placas fotovoltaicas u otros dispositivos de captación de energía «limpia». Podría, sin embargo, entenderse la preocupación de particulares y ecologistas por el «impacto visual», porque a nadie le gusta, al pasar con el coche, ver un paisaje de plantas solares en lugar del idílico campo extremeño. En ese sentido no puedo menos que recordar aquí la acertada decisión tomada en la Cortes de la Transición prohibiendo los grandes carteles de anuncios en las carreteras fuera del perímetro urbano. Tan solo quedó el Toro de Osborne, como símbolo de identidad ibérica, despojado de los atributos de su anunciante. Hoy en día determinadas instancias estarían encantadas de despojarle también de otros atributos.
En el fondo se trata de dos modelos para el aprovechamiento del territorio: el estatal frente al particular. Desde que España dio los pasos para integrarse en la UE, nuestra economía, como nuestras personas, están siendo progresivamente fiscalizadas. Ni siquiera con Franco había tanto control de los medios de producción. De la noche a la mañana a los políticos —locales o no— le empezaron a caer una serie de subvenciones que no habían buscado, pero que a partir de ahora les resultan imprescindibles. ¿Por qué querría dejar la Administración (autonómica o nacional) que los particulares se beneficien, cuando pueden ser ellos —el partido político reinante, y sin esfuerzo— los que ordeñen la teta de Europa?
Considero que se debería levantar el «cinturón de hierro» que constriñe todos los alrededores de Cáceres dentro de un marco legal que no es realmente nuestro, sino impuesto por las leyes comunitarias. No digo que no se deba regular la instalación de plantas solares ni que todas las Zonas Especiales de Protección de Aves deban ser despreciadas, pero sí digo que esta, concretamente, es un desatino y un inconveniente para el desarrollo económico y urbanístico de nuestra ciudad. No todo tiene por qué ser protegible, y no estaría mal recordar aquí que, hasta ahora, no se consideró necesario “proteger” lo más importante que tenemos junto a la ciudad: la Ribera del Marco, la Sierra de la Mosca y el Calerizo.
Pedro Benengeli
