El exalcalde de la localidad cacereña de Carcaboso, Alberto Cañedo, denuncia una persecución política desde que en 2005 llegase a la alcaldía de Carcaboso, un pequeño pueblo de la provincia de Cáceres de unos 1.200 habitantes, y pide la revisión de sus juicios por “politización de la justicia”. Pese a que él solicita una revisión, hace unos días, el portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, presentó una pregunta escrita al Gobierno en el Senado en la cual exigió que se aplicara la gracia del indulto para el político.

Frente a esta maraña de denuncias que desgranaremos a continuación están los hechos que corroboran el progreso del pueblo gracias a la labor del alcalde durante sus años al frente del ayuntamiento. Desde la llegada de Cañedo al poder, este municipio empezó a hacerse conocido por sus políticas sociales y de sensibilización. Fue declarado municipio del bien común y zona libre de transgénicos y también consiguieron que no se privatizara el servicio de agua.

Burocracia VS democracia

Así, se ha convertido en los últimos años en referente de crecimiento sostenible, pero también de ejemplo de cómo la burocracia puede tumbar a la democracia. Según Cañedo, la vocación de servicio ha sido la que le ha llevado a querer luchar por el futuro de sus vecinos, siempre ha sido elegido por mayoría absoluta, pero esta intención le ha salido demasiado cara.

700 preguntas en dos años

Su historia comenzó en 2005 cuando una moción de censura llevó a Cañedo al frente de una plataforma que luego se convirtió en partido. En 2007 y 2011 revalidó el cargo por mayoría absoluta y fue a partir de 2007 cuando los representantes de la oposición (PSOE) empezaron a preguntarle por escrito constantemente información sobre el ayuntamiento. Tanto fue así, que en dos años las peticiones llegaron a las 700. Ante ese ritmo de cuestiones, el alcalde hacía lo que podía y aunque intentó responder a todas, a veces llegaba tarde.

Asegura que no aceptaría el indulto en una situación de normalidad jurídica

Para sus interlocutores esto no fue suficiente y le denunciaron por la vía penal ya que consideraban que restringía su acceso a la documentación. El caso se archivó en primera instancia, pero al cambiar el juez, este lo reabrió y condenó a Cañedo a nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación administrativa. Según Cañedo, muchas de las preguntas eran trampa porque le planteaban cuestiones de difícil respuesta e incluso, imposibles. Así pues, en 2015 dimitió, pero ahí no terminó todo.

Meses después llegó un segundo juicio, esta vez por prevaricación urbanística. Una promotora iba a hacer unas viviendas en un solar de la localidad, vendió seis de ellas y los compradores comenzaron a pagarlas, pero la constructora entró en quiebra y no pudo terminar la urbanización. Cañedo explica que los vecinos acudieron a él para encontrar una solución: se habían quedado sin dinero y sin vivienda. El constructor propuso que se concediera la licencia de primera ocupación para que los vecinos pudieran escriturar sus viviendas que ya estaban ocupando desde hace unos meses y poder terminar la obra. Las viviendas ni siquiera estaban terminadas pero, a pesar de ello, el exalcalde decidió hacerlo para evitar que los vecinos se quedasen sin casas, ya que si no se entregaba perderían las viviendas. “Me la jugué, sabía que era ilegal y que estaba prevaricando pero aún así lo hice porque nos eligen en un pueblo pequeño para tomar decisiones e intentar que tu pueblo avance, así que tomé esta decisión”, aclara Cañedo.

Sigue considerando que hizo bien porque la otra opción era reconocer los fallos técnicos y que el banco les quitara las viviendas a los vecinos. Sin embargo, meses después, algunos de los inquilinos fueron quienes denunciaron este hecho. Por esto, le condenaron a 8 años de inhabilitación, 36.000 euros de indemnización y una multa de 6.000 euros Ahora, a la espera también del recurso de una nueva sentencia, por un presunto delito de desobediencia a la autoridad, por no abandonar su cargo cuando aún estaba pendiente de recurso, Alberto podría acabar en la cárcel por no poder hacerse cargo de la sanción impuesta y las costas judiciales.

Prisión inminente

En total son tres condenas, le piden 255 días de prisión de los cuales no se podría librar por los antecedentes penales de las otras condenas, pero han pedido una suspensión de la condena y llevarán su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “Mi familia está mal, hace falta honestidad en la sociedad” dice Cañedo, quien también asegura que en otras circunstancias no aceptaría el indulto, sino la aplicación de la justicia.

Calcula que un mes sabrá su futuro, pero hasta que eso llegue hay personas que están intentando ayudarle a través de la plataforma por la justicia ‘Apoyo Alberto Cañedo’. Han iniciado una recogida de firmas a través de la página change.org solicitando su indulto. A pesar de su situación todavía le quedan ganas para reflexionar y afirma que “lo que ocurre en la política es cada vez menos gente quiere participar y si no participa nadie le dejamos el hueco a los sinvergüenzas”.


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