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A la cárcel por contar chistes

La temperatura de las palabras /
José María Cumbreño

No sé si podemos llamar democrático a un estado que envía a la cárcel a una muchacha de veintiún años por publicar un puñado de chistes en una red social. A mí, por lo menos, se me plantean muchas dudas al respecto. Aunque, en el fondo, tampoco debería extrañarme tanto si tenemos en cuenta nuestra larga tradición como delatores. A fin de cuentas, si algo se nos ha dado realmente bien en este país es acusar a los demás de lo que fuese pecado o delito en cada momento. No resulta raro, por tanto, que aquí la Inquisición se encontrase en su salsa o que instituciones tan civilizadas como la censura gozasen durante décadas de una salud de hierro.

Una muchacha de veintiún años, estudiante de historia y que soñaba con ser profesora, va a quedarse sin beca para seguir estudiando y sin posibilidades de trabajar en lo que quería, ya que esa condena implica contar con antecedentes penales, lo que la inhabilita para obtener un puesto como funcionaria. Los chistes de la discordia aluden a algo que sucedió hace cuarenta años: el atentado que mató a Carrero Blanco. En otras circunstancias, Rajoy habría afirmado que de eso hace muchísimo tiempo. Y la justicia suele necesitar bastante menos para considerar que la mayoría de los delitos ha prescrito.

Algo sí me gustaría aclarar. A mí no me gusta hacer gracias con la muerte de personas. Pero lo que ha ocurrido es una barbaridad y algo intolerable en un verdadero estado de derecho. La propia nieta de Carrero Blanco ha publicado en El País una carta en la que asegura que a ella el resultado de la sentencia le parece un desatino y que en absoluto se siente ofendida por los chistes de Casandra Vera.

Lo triste de todo esto (aparte de la injusticia cometida con esta chica) es que el caso supone la demostración de que la democracia en España sigue teniendo demasiadas grietas. Los chistes de Casandra serán lo que sea, pero no pueden considerarse que ensalza el terrorismo y que se burla de sus víctimas. Claro, siempre ha habido clases. Incluso entre las víctimas. Y por supuesto entre los verdugos. Por poner un caso reciente. Los fiscales no vieron delito hace poco en las palabras que Rafael Hernando, diputado del PP, dedicó a los familiares de las víctimas del franquismo, de los que, según se publicó en varios medios de comunicación, llegó a decir que “algunos se han acordado de sus padres parece ser cuando había subvenciones para encontrarlo”.

Insisto: el asesinato nunca es justificable. Nunca. Sin embargo, si Casandra se burla de las víctimas, no sé cómo puede llamarse a lo que en España se ha hecho y se sigue haciendo con cierto tipo de muertos. Recordemos que ésta es la segunda nación del mundo (después de Camboya) con más asesinados en fosas comunes. Se ve que ésos no son víctimas del terrorismo. Pues no se me ocurre mejor nombre para lo que unos golpistas sembraron en este país. La transición no fue en absoluto modélica, porque exigió que los de siempre se callasen y no pidiesen cuentas a los de siempre. En la práctica hubo una ley de punto final que permitió que los asesinos se fuesen de rositas. No hablo de revancha, venganza ni nada por el estilo, sino de pura justicia. La Ley de Memoria Histórica es tan tibia que, cuatro décadas después de la muerte del dictador, por ejemplo, las calles de nuestras ciudades continúan salpicadas de símbolos vergonzosos. Por cierto, yo sigo esperando que alguna vez el nombre de José Antonio se quite de la fachada de la concatedral. ¿O es que eso no resulta humillante para los familiares de todos los que murieron a causa del terrorismo fascista?

Confío en que el Tribunal Supremo demuestre un poco de sensatez y arregle este estropicio. Si la condena de Casandra se ratifica, llamar democrático a nuestro estado no será más que un chiste. Y muy malo.

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