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El GobEx activa este nuevo protocolo de actuación para procurar su independencia económica. El IMAS coordinará las ayudas a nivel municipal.

La mujeres víctimas de la violencia de género en Extremadura percibirán, durante un máximo de nueve meses, un salario de 450 euros, además de otros 80 euros por cada hijo menor de edad a su cargo, con el fin de propiciar su “independencia económica” del agresor.

Esta medida ha sido anunciada por el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, en un acto en el que se ha suscrito un protocolo de actuación entre el Gobierno regional, la Delegación del Gobierno en esta comunidad autónoma, y la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEx), para el seguimiento y protección de los casos de víctimas de violencia de género.

Se trata de una ayuda que se va a articular a través de los servicios sociales de base de los ayuntamientos, que pretende procurar la independencia económica de las mujeres que a partir de ahora sean víctimas de la violencia de género. Las que a día de hoy sufren esta situación, ya reciben el apoyo del Gobierno extremeño por otras vías, entre ellas la Renta Básica de Inserción

De esta forma, el Instituto Municipal de Asuntos Sociales de Cáceres será el que coordine las ayudas del GobEx.

Un millón de euros

Monago —que ha recordado el último caso de víctima mortal por violencia de género en Extremadura, ocurrido el pasado mes de agosto en Villafranca de los Barros— ha explicado que este apoyo económico, para el que el Gobierno regional destina un total de un millón de euros, será percibido por aquellas mujeres “que lo necesiten” durante nueve meses.

“Queremos facilitar la independencia económica de las víctimas frente a sus agresores”, ha subrayado Monago, añadiendo que, en estos casos, “más independencia, es más seguridad para las mujeres”.

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Las mujeres extremeñas que soliciten esta ayuda económica han de acreditar que sufren malos tratos, y para ello tienen que presentar una orden de protección judicial a su favor, o un informe del Ministerio de Fiscal, de los servicios sociales o de centros de acogida, que constate la existencia de indicios de violencia.
Las beneficiarias han de ser asimismo mayores de edad o emancipadas, residir en Extremadura, y no tener “recursos suficientes para emanciparse de su agresor”.[/toggle]

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