El cierre de los centros educativos provocado por la situación de la emergencia generada por la COVID-19 ha tenido un impacto sin precedentes en la educación. Tanto es así que los más de 8,2 millones de estudiantes no universitarios de nuestro país han visto interrumpida su asistencia a clase, un hecho que alteró los programas educativos y afectó a su bienestar físico y mental. Si no se actúa hoy con rotundidad y eficacia, también tendrá consecuencias en sus perspectivas de futuro.

La pandemia ha puesto de manifiesto las medidas urgentes que necesita el sistema educativo y que reclaman las familias, la infancia y la propia comunidad docente para disponer de los medios que hagan posible una educación inclusiva y de calidad para todos los niños en España.

“La infancia en España necesita un Pacto por la Educación que siente las bases de un sistema educativo más equitativo y resiliente, que permita que los niños aprendan continuamente tanto en las escuelas como en el hogar”, indica Gustavo Suárez Pertierra, presidente de UNICEF España. “La infancia no puede seguir esperando, es el momento de demostrar, como sociedad, que ellos son nuestra prioridad y que seremos capaces de llegar a acuerdos para salvar la educación”.

La emergencia sanitaria ha puesto en primera línea los retos a los que ya se enfrentaba nuestro sistema educativo. Cabe destacar que en España, el gasto público destinado a la educación representa el 4,23% del PIB, una tendencia que ha continuado bajando en los últimos años (en 2010 representaba el 4,95%). Por otro lado, la inversión por estudiante (6,582€) es inferior al promedio de la Unión Europea (UE27) (7.210€) (MEFP, 2020).

Además, la tasa de abandono escolar alcanzaba el 17,3%, la más alta de toda la Unión Europea. A su vez, se observan grandes diferencias entre las comunidades autónomas (MEFP, 2020). Es además un sistema educativo desigual que muestra grandes disparidades territoriales y tiene poca capacidad de inclusión.

Seguramente, una de las cuestiones que ha saltado a la palestra durante la pandemia en el proceso educativo ha sido la llamada brecha digital. Según un estudio del Comisionado de Infancia, la falta de acceso a un ordenador es casi 20 veces mayor en los hogares más pobres. En el tramo de ingresos más bajos (900 euros mensuales netos o menos), el 9,2% de los hogares con niños carecen de acceso a Internet, lo se traduce en que cerca de 100.000 hogares no pueden conectar a la Red. Por tanto, la brecha digital es también educativa.

“Por un lado están las desigualdades en el acceso a dispositivos y herramientas tecnológicas como los dispositivos móviles y el acceso a Internet, que debemos abordar”, detalla Carmen Molina, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de UNICEF España, “pero es igualmente necesario dotar a los niños de habilidades para el uso de las herramientas de forma segura, saludable y responsable, así como el acompañamiento familiar y docente para que el aprendizaje verdaderamente funcione y sea completo”.

España necesita un modelo educativo estable y de consenso que sirva para generar una reforma educativa para:

  • Garantizar la suficiencia y estabilidad de los recursos económicos del sistema educativo.
  • Asegurar un enfoque de igualdad de oportunidades y calidad de la educación para todos los niños en todos los niveles: primera infancia, primaria, secundaria y formación técnica y profesional.
  • Avanzar en la gratuidad real y efectiva de la educación obligatoria.

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