Lunes de papel
Emilia Guijarro
Para quienes tenemos puestas muchas esperanzas en la firma de un Pacto contra la Violencia de Género, esperando acabar con el sufrimiento de muchas mujeres, asistimos con desconfianza a lo que está ocurriendo con el Pacto por la Ley de la Dependencia. Viene esta reflexión al comprobar lo que el jueves de la semana pasada se celebró una jornada reivindicativa en el Congreso de los Diputados, en la que la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales pidió de nuevo al Gobierno el cumplimiento del Pacto, sin ningún resultado positivo. Las personas con dependencia sin recursos siguen careciendo de atención y muriendo con sufrimiento y sin atención especializada.
Hace un año se firmó ese Pacto por la Dependencia por todos los partidos políticos menos por el Partido Popular y el PNV, pero el Estado sigue sin financiar una ley que mantiene a 320.000 personas en el llamado «limbo de la dependencia». Están valoradas, tienen reconocido el derecho a los servicios que le debe proporcionar la ley, pero siguen a la espera de poder disfrutar de ellos hasta que no llegue la financiación. Y en esa situación de espera murieron el año pasado 40.000 personas, y según los datos que se tienen hasta ahora este año se alcanzará la nada despreciable cifra de 32.000.
Las leyes políticas se hacen cumplir, y así debe ser, pero no se hace lo mismo con las leyes sociales
Y es que, parece que en este país hay leyes que deben cumplirse a rajatabla, y otras que el Estado incumple y no pasa absolutamente nada. Se nos llena la boca hablando del artículo 155 de la Constitución, pero poco o casi nada se habla del artículo 149, que dice que el Estado tiene competencia exclusiva sobre «La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales…».
Las leyes políticas se hacen cumplir, y así debe ser, pero no se hace lo mismo con las leyes sociales. Y no es un problema solo de financiación sino de voluntad política. Estos días estamos conociendo un caso en el que a una chica gran dependiente, casi en estado vegetativo, se le reclaman 12.000 euros, de una prestación mensual de 500, sin entrar a valorar los errores administrativos del caso, es una barbaridad tratar así a una familia que dedica las veinticuatro horas del día a cuidarla, y que necesitan esos 500 euros para cuidados y medicinas. La denuncia solo no basta, harán falta movilizaciones que saquen a la calle a los ciudadanos y pedir responsabilidades cada vez que muere una persona que esté en el limbo de la dependencia.
