¿Extremadura es una región que cuida a los niños, niñas y las familias?
El principal factor de cuidado y protección de los niños y niñas extremeños son sus propias familias. Y es preciso señalar y valorar estos primeros y más importantes espacios armónicos de crecimiento, atención y afecto incondicional. A ese cuidado contribuyen también otros ámbitos.
Nos referimos al entorno educativo, sanitario o al de atención a la dependencia y a la discapacidad, así como a otros agentes con los que se mantiene una excelente coordinación, como ayuntamientos y mancomunidades; fiscalía; fuerzas de seguridad; tejido asociativo, entidades del tercer sector, entre otros.
¿Los niños y niñas de nuestra región conocen los derechos de la infancia?
Es absolutamente necesario que los conozcan. Son ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, y a cuyo servicio se encuentran las administraciones. Por ello hay que efectuar un esfuerzo especial para facilitarles el conocimiento de sus derechos, así como para permitirles el ejercicio y disfrute de estos en un entorno social y de información cada vez más complejo.
“Escuchar a los menores garantiza que se formen una opinión propia”
Es procedente seguir impulsando la actividad de órganos de análisis y participación, como el Consejo Regional de Participación de la Infancia y de la Adolescencia o el Observatorio de las Familias y la Infancia de Extremadura. Así como desarrollar otras iniciativas que se centrarán en ayudar a los menores a alcanzar una relación crítica y adecuada con el ámbito de las tecnologías de la información.
¿Se puede seguir avanzando en los derechos de la infancia? ¿Cómo?
Es necesario, tanto para mejorar las herramientas ya existentes como para implementar nuevas fórmulas que profundicen en su cumplimiento. En el ámbito de la población infantil, que precisa de una protección más especial, estamos trabajando en diversas líneas entre las que hay que destacar el fomento del acogimiento familiar de menores en situación de desamparo. Y estamos ya desarrollando esfuerzos para mejorar la colaboración entre familias e instituciones en la protección de los menores que más lo necesitan. Es, asimismo, muy importante fomentar una cultura que tenga como base el especial deber que todos, ciudadanos y administraciones, tenemos hacia la infancia en general y hacia la preservación de esta de cualquier forma de violencia.
Es necesario que los niños sepan que tienen voz, ¿se les puede escuchar y fomentar así la participación infantil en la sociedad?
Por supuesto. Con ello estaremos garantizando que nuestros menores tengan inquietudes, se formen una opinión propia y puedan expresar sus opiniones sobre aquellas situaciones que consideren importantes, proponiendo posibles soluciones a sus demandas o dificultades. Por ello, es preciso apoyar la actividad del Consejo Regional de Participación de la Infancia y la Adolescencia, que permite una interlocución directa de los niños y niñas con la administración autonómica. Contar con una representación de niños y niñas, en el día universal de la infancia, en la sede de la Asamblea de Extremadura es una buena muestra de esta convicción.
¿Qué medidas plantea la Junta de Extremadura para proteger a la infancia y las familias?
La Junta de Extremadura trabaja en este objetivo de forma transversal, con políticas que apoyan y facilitan la atención de las necesidades concretas de las familias. Apostamos por consolidar y favorecer la prevención a través de la red de programas de intervención familiar que trabajan en situaciones de riesgo y en contextos de mayor vulnerabilidad. También es relevante la ampliación y mejora de los programas para la incorporación social y laboral de menores y jóvenes tutelados o que están cumpliendo medidas judiciales, con el fin de evitar su exclusión social.
Tiene también una vital importancia la redefinición, mejora y construcción de una red de recursos flexible y especializada para la atención de los menores en situación de riesgo o desamparo, incidiendo en procesos de desinstitucionalización; la necesidad de minorar los tiempos de acogida en recursos residenciales; la implantación de programas especializados que favorezcan la reintegración familiar y los procesos de emancipación.
