Desde mi ventana /
CARMEN HERAS
Hace unos días se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, la cantidad que el Ministerio de Educación dedica a la financiación de los libros de texto y otros materiales didácticos de la enseñanza obligatoria, para el curso académico actual. Se trata de 18.559.610€ exactamente, lo que equivale a un 40% menos de la dedicada al mismo programa en el año 2012.
Por Comunidades, Asturias y Extremadura son las dos regiones en las que más ha bajado esta ayuda estatal, un 52% menos que el año anterior.
Es un nuevo recorte. La preocupación se extiende entre los colectivos afectados. Cuando hablas con las asociaciones de padres y madres o con sindicatos de estudiantes, todos coinciden en señalar la gravedad de unas medidas que están poniendo en peligro la gratuidad de la enseñanza primaria. Por la vía de la supresión de los recursos, como en tantos otros aspectos y situaciones de la realidad diaria de la mayoría.
Si a esto se añade que la Ley Wert, y su premura en aplicarse, conduce necesariamente a una renovación de los libros de texto, cuya compra recae íntegramente sobre las familias con hijos en edad escolar, nos encontramos con que en momentos de crisis como los actuales, no sólo no se ayuda al ciudadano en aspectos fundamentales como los educativos, sino, que parece haberse instalado la tónica de ver quién es el autor de la decisión más lesiva para sus intereses.
Poco a poco, el Gobierno Rajoy está consiguiendo cambiar el modelo de sociedad. Frente a quienes dicen que lo que está ocurriendo es producto de la crisis económica, otros decimos que no sólo es eso. Detrás de las medidas de cada hombre o mujer de gobierno hay una planificación evidente. Hay, por supuesto un deseo de cambio desde un llamado estado de bienestar a otra concepción de la relación entre administración y administrado, en el que el individuo deberá de hacer frente a muchas cuestiones, servicios o derechos que antes le ofrecía la institución.
Pregonando que es preciso economizar los recursos para sanear las cuentas públicas, se recortan brutalmente todos aquellos (ya saben ustedes lo que dice el dicho: «muerto el perro se acaba la rabia»), y desde luego que se evitan así los gastos. Sin inversiones públicas, sin ayudas sociales, sin dedicar nada o muy poco a la cultura o la sanidad, etc.. se reducen los números de los presupuestos públicos de las administraciones y nuestros gobernantes pueden presentarse ante Europa con los deberes «bien hechos» (en su parecer), aunque el pueblo que los eligió sufra y camine por las esquinas entre bolsas de los Bancos de Alimentos.
Vamos camino de una sociedad perfectamente polarizada, los ricos más ricos, los pobres más pobres y una clase media cada vez más escasa. Y esto es así, como lo es en otros países que todos conocemos.
Ahora bien, los actuales gobernantes populares fueron votados y por mayoría. Se presentaron con unos programas, una ideología y unos nombres. Y fueron votados, aunque ahora digan muchos que ellos no lo hicieron, que nunca les gustó ni su discurso, ni su altanería. Los ciudadanos deberán reflexionar, todos debemos hacerlo.
