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La Comisión de Investigación concluye que la Junta vulneró el derecho comunitario al no presentar varios decretos para su evaluación ambiental.

La Comisión de Investigación del Parlamento Europeo (PE) ha cuestionado la legalidad de los parques eólicos en Extremadura. Según se desprende del texto difundido por el colectivo PANACEX (Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura), tras la denuncia formulada en el año 2011, ha concluido que la Junta de Extremadura vulneró el derecho comunitario con los Decretos 192/2005 y 160/2010 de autorización de polígonos eólicos.

La Comisión considera que, al no presentar los mencionados decretos -antes de su aprobación- a la evaluación ambiental estratégica (en virtud de lo dispuesto en la Directiva EAE) España ha incumplido sus obligaciones. En consecuencia, y según el texto remitido por el PE, “un escrito de requerimiento se haya notificado a España, por el que se ha invitado a las autoridades españolas a presentar sus observaciones tras la recepción de dicha carta. A la vista de la evaluación de estas observaciones, la Comisión adoptará las medidas adecuadas para garantizar la correcta aplicación de la legislación comunitaria en este caso”.

PANACEX asegura que se corre el riesgo de pagar cuantiosas indemnizaciones

De esta forma, PANACEX  reitera la necesidad de suspender cautelarmente la totalidad de las autorizaciones, “hasta que no exista la necesaria seguridad jurídica derivada de una correcta evaluación ambiental estratégica del territorio, que posibilite una explotación racional” de la energía eólica, compatible con el respeto al Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura.

De no ser así, “se corre el riesgo de que todos los españoles volvamos a pagar cuantiosas indemnizaciones (más déficit de tarifa) por anulación de autorizaciones o desmantelamiento de polígonos eólicos en los tribunales.

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