PIDE pide un permiso para que los docentes puedan atender a personas confinadas

La amistad y la palabra
Enrique Silveira

Abrir un periódico extremeño y encontrar una noticia en la que se da cuenta de una nueva embestida del sindicato PIDE no puede sorprender a nadie porque es un hábito que esta organización adquirió nada más nacer y ha desarrollado hasta la exasperación. Alguno aducirá que esa es la labor de un sindicato; otros, seguramente más cautos y juiciosos, alegarán que los encargados de la defensa de los trabajadores deben dejarse guiar por el respeto, la conciliación y, ante todo, el sentido común.


La enseñanza concertada forma parte del sistema público de enseñanza. Quien despotrica diciendo que su condición es subsidiaria y no complementaria miente o desconoce la realidad de nuestra estructura docente. Así ocurre desde 1985, cuando el PSOE, en una decisión política de las que dejan huella, resolvió de una tacada varios problemas; los dos más importantes: aunar bajo las mismas normas a todos los centros, aun con diferentes sensibilidades, y ofrecer las suficientes plazas educativas de manera gratuita. Se creaba un sistema educativo suficiente, eficaz y respetuoso con la variada sociedad española.


PIDE por entonces ni había nacido, pero desde los primeros días de su existencia tiene como objetivo primario la aniquilación de los conciertos educativos. Siendo éstos una verdadera bicoca para las arcas del estado (sí, un alumno de concertada cuesta la mitad que uno de la pública), se supone que las razones de esta inquina han de ser necesariamente ideológicas y ello desacredita con inmediatez a una organización que tiene la obligación de alejarse de la política y atender a todos los trabajadores.


Estos jóvenes sindicalistas viven de la ofuscación, la adhesión inquebrantable a la izquierda más radical -de la que asumen todos sus preceptos- y una falta absoluta de respeto por los trabajadores que no se ajustan al perfil que ellos consideran el apropiado. Si a ello sumamos su falta de aprecio por los datos fidedignos, nos topamos con argumentos insostenibles. Algunos de ellos:

  • Jamás se ha cerrado un aula pública para favorecer a un concertado. Ambos conviven en el mismo sistema y ambos sufren esta terrible crisis demográfica que vacía todas las aulas sin piedad y consigue que sobren en todos los rincones de Extremadura. 

  • El término ratio a la carta es uno de los inventos de PIDE, pero además es un infundio que debería ofender a aquéllos que velan por el buen funcionamiento del sistema educativo. 

  • Cuando un centro educativo pierde unidades es porque la sociedad no puede permitirse el lujo de mantener infraestructuras inútiles. En todos los órdenes y sin excepciones. 

  • La Inspección Educativa es exactamente la misma para la red pública de centros de enseñanza -concertados incluidos, por supuesto- y aplica las normas con profesionalidad. No creo que a los inspectores les hagan mucha gracia ciertas insinuaciones. 

  • Si un centro concertado cierra, sus trabajadores pierden su empleo. Si este centro es una cooperativa, los profesores cooperativistas se quedan sin sustento, pero conservan las hipotecas que asumieron para desarrollar su proyecto educativo. 

  • Si un funcionario ve como se cierran las aulas donde desarrolla su labor, solo ha de esperar su reubicación. Molesto, no dramático. 


Sí, soy el presidente en Extremadura de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), el sindicato mayoritario en la Enseñanza Concertada tanto en nuestra comunidad como en el resto de España. Defendemos a los trabajadores de nuestro gremio y, por ende, a todo el sector, pero lo hacemos a sabiendas de que no perjudicamos a otros trabajadores, sin obcecaciones ideológicas y libres de rendir pleitesía a ningún partido político. 


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