Con ánimo de discrepar
Víctor Casco

Cuando se quiere analizar la mayor o menor fortaleza de un sistema político, el estado de la libertad de expresión es un buen termómetro. ¿Qué capacidad tiene el poder (económico, político, religioso) de tolerar opiniones no solo contrarias, sino radicalmente contrarias? O por mejor decir ¿pueden expresarse opiniones radicalmente contrarias al poder (económico, político o religioso) sin que éste tenga posibilidad de impedirlo, aún cuando lo desease? La respuesta a este interrogante nos permite calibrar la calidad de la sociedad democrática que estemos analizando.

Por ejemplo: podemos afirmar que la Rusia de Putin o la Turquía de Erdogán no son democracias asentadas, porque cualquier cuestionamiento de sus Presidentes o de las bases ideológicas de su poder se castiga con penas de prisión. El régimen ruso o turco solo tolera la libertad de expresión si es para manifestar ideas más o menos concordes con la ideología del poder.

Ningún ministro de justicia ha dimitido por los reveses judiciales en Europa

La democracia en España está igualmente en el punto de mira con sentencias infames de nuestros tribunales que han condenado a prisión a cantantes, tuiteros y manifestantes porque éstos han emitido opiniones radicalmente contrarias al poder en ejercicio. Por ejemplo, quemando fotos del Rey.

Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, afortunadamente, nos ha sacado los colores, no solo anulando las condenas de prisión y las multas a unos jóvenes por expresar su rechazo a la monarquía quemando fotos del, hoy ya, rey emérito (ese señor al que nuestra Constitución declara impune, incluso cuando manda arrojar por la borda de un barco a una amante ante la llegada de su esposa) también llamando la atención sobre la calidad de nuestra democracia y recordándonos que la libertad de expresión está por encima de un código penal que recoge como “delito” las injurias a la corona. No es la primera sentencia en ese sentido y se esperan muchas otras.

Amnistía Internacional, el Tribunal de Derechos Humanos, los medios internacionales, intelectuales y organizaciones civiles vienen alertando sobre la precariedad de nuestras libertades y el papel insoportable en un Estado de Derechos de una judicatura que parece ser la última reserva espiritual del franquismo, así como la existencia de Leyes infames como la llamada “De la Mordaza”, aún vigente.

Ningún ministro de justicia ha dimitido por los reveses judiciales en Europa. Ningún togado español ha dimitido por quedar al desnudo ante Tribunales verdaderamente independientes. Más aún: el mismo día que Estrasburgo certificaba que tenemos el derecho a manifestar nuestra oposición a la monarquía quemando fotos de los reyes, PP, Cs y PSOE (quo vadis, Pedro Sánchez?) votaban en el Congreso mantener en el código penal el delito de injurias a la Corona. Una sumisión borbónica bochornosa.

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