Mi ojito derecho /
CLORINDA POWER
Le decía Varoufakis a Jordi Évole en Salvados: todos deberíamos desconfiar de aquel que se presente voluntariamente para liderar un país, porque nadie en su sano juicio querría asumir tamaña responsabilidad. Así que, siguiendo las palabras de Varoufakis, tenemos dos opciones: o nuestros políticos no están en su sano juicio, o a ninguno de ellos se le ha pasado por la cabeza asumir sus responsabilidades.
Hoy decidan ustedes a qué opción corresponde lo del diputado del PP y portavoz de economía en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte. Les sonará porque es un hombre muy risueño, por decir en 2013 que “A algunos les vendría mejor dar su piso en dación en pago para comprarse otro” y por cobrar, mientras ejercía su función pública, 75.000 € de una constructora beneficiada por los parques eólicos de Castilla y León.
La mañana del jueves le preguntaron al señor Pujalte desde la cadena Ser si le parecía ético dicho cobro. Él respondió “No, me parece legal”. Risuéñense ustedes también, lectores, votantes, ante alguien que representa el interés público mientras es financiado por el interés privado. Y noten la lección profunda que nos da sobre legalidad, ética y política que, por si no lo sabían, ni es lo mismo, ni lo mismo da.
Porque el día que el PP reconoce como buenas y suficientes las declaraciones de Pujalte, el Tribunal Supremo confirma la pena de inhabilitación del juez Silva por la indebida privación de libertad de los pobrecitos Blesa y Díaz Ferrán. Dos casualidades que vienen a confirmar que la legalidad, la ética y la política ni son la misma cosa, ni lo serán.
Pujalte no tiene vergüenza. Ni la tiene nadie que corrobore la legalidad de esos cobros. Porque el simple hecho de que sean legales es una mierda, como este país que ha condenado a un juez por enviar a prisión a unos delincuentes. Es normal, esto le pasado a Silva porque no entiende la ética del trabajo. Pero Pujalte tampoco. Lo que queda por saber es si nosotros entendemos la ética de nuestro voto.
