El Palacio de la Isla de Cáceres expone como ‘Documento del mes’ de febrero una orden del corregidor de la villa de Cáceres, José de Oliveiras y Carbonell, promulgada en 1780. El texto de este documenta indica la necesidad de pasar un examen para trabajar. los oficiales de los diferentes gremios no trabajen sin haber sido examinados para poder realizar sus funciones.
Cabe recordar que en el ámbito gremial era necesario aprobar un examen que concejos realizaban para que los artesanos pudiesen trabajar sin cometer un delito. Tanto maestros, como oficiales de zapateros, carpinteros, sastres o tejedores estaban obligados por ley a cumplir con un precepto, que los gremios consideraban esencial para el desarrollo del trabajo.
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A veces, ante la falta de criterio para ejercer los oficios, había que poner orden en las diferentes villas para que los artesanos no estuvieran al margen de la ley. Así, el documento que se expone en febrero es un dictamen que el corregidor de Cáceres promulga el 26 de junio de 1780 para obligar a todos los oficiales y maestros de los gremios y oficios existentes en la villa cacereña poner en regla su situación, o de «lo contrario caerá sobre ellos el peso de la ley».
Para ello deben ser examinados y evaluados en el propio Ayuntamiento, donde se constatará que son ‘hábiles y suficientes’ para obtener el título de maestro. Después, obtendrían la licencia para ejercer legalmente el oficio. Los que no cumplan con la orden del corregidor, serán sancionados con una multa de cuatro Ducados y cumplirán una condena de quince días a la cárcel. Para los reincidentes se establece una pena más dura que contempla la pérdida de sus bienes y destierro de la villa.
Por medio de estas órdenes se trataba de vigilar el marco laboral de la villa, siendo este tipo de mandatos un instrumento eficaz de control de la producción para gremios y colectivos artesanales, informa el ayuntamiento cacereño.
