De repente todos tenemos la carrera de judicatura y lanzamos consignas de ascensor sin reparo. Hemos pasado de hablar del tiempo o del fútbol a discutir en torno al ‘procés’ y las consecuencias penales de los exconsejeros encarcelados. La separación de poderes del Estado ha quedado patente con las órdenes de encarcelamiento que hemos visto durante la pasada semana. A los que están aquí, claro, porque Puigdemont sigue de vacaciones en Bruselas.
Finalmente el artículo 155 entró en vigor con la toma de las primeras decisiones. Los independentistas no dieron marcha atrás y declararon unilateralmente su independencia ante el júbilo de unos y la estupefacción de otros. Era de suponer: DUI, arrestos y cárcel preventiva. Rajoy convocó elecciones anticipadas en Cataluña para el próximo 21 de diciembre y la encrucijada está servida. Más de 5 millones de catalanes están llamados a las urnas. Muchos de ellos, partidarios del independentismo, jaleados por sus líderes. Enfrente, “la mayoría silenciosa”, como se ha dado por llamar a los catalanes a favor de la permanencia en España. ¿Cualquier resultado sería asumible por el gobierno español? ¿Qué ocurre si las fuerzas independentistas consiguen una victoria electoral holgada? ¿Cuáles serán los próximos pasos para gestionar la relación con Cataluña?
Quien actúa fuera de la ley debe pagar las consecuencias. Esto parece ser una máxima absoluta, pero podemos estar ante uno de los mayores deslices políticos de la historia de España. Con sus líderes cesados y encarcelados hemos alimentado su narrativa de opresión y persecución. Les hemos dado razones y discurso para seguir fomentando la ficción en la que se han amparado Junqueras y compañía. Podemos convertir su película de ficción en un documental dotando la historia de elementos de ‘posverdad’, y ahí estará la encrucijada a partir del 21D: ¿cómo retenemos por la fuerza a millones de catalanes que no se sienten parte de España?
Diferentes juristas hablan ya de interpretaciones acerca del delito de rebeldía y sedición. Defienden que el levantamiento debe conllevar violencia y no la posibilidad de que hubiera ocurrido. El encarcelamiento, la prisión preventiva, dará alas a las tesis secesionistas y nos abocará al choque ideológico con Cataluña.
La única solución emanará de las urnas el 21D. Solo si “la mayoría silenciosa” acude masivamente a votar y demuestra que el arco emocional catalán estaba secuestrado por Puigdemont y la CUP habrá espacio para el diálogo y la convivencia.
