El ayuntamiento gasta unos 365.000 euros al año en mantener su ciudad monumental, y además deja de percibir más de 165.600 euros de los inmuebles de la zona patrimonial que está exentos del pago del IBI.
Cáceres, que este mes celebra los treinta años de su declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, estima que los gastos de mantenimiento de su casco histórico le suponen a las arcas municipales unos 365.000 euros, o lo que es lo mismo, unos 1.000 euros al día. Además, más de la mitad de este importante desembolso, unos 200.000 euros, suponen los gastos especiales de mantenimiento y limpieza, en los que se incluyen retirada de contenedores, refuerzo para actividades especiales como festivales, o mantenimiento urbano urgente para la eliminación de manchas, pintadas y cuestiones excepcionales.
Y frente a este desembolso, otro aspecto que cabe destacar es la cantidad que se deja de percibir, en este caso por la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), pues hay que tener en cuenta que en la zona intramuros de la ciudad monumental cacereña existen un total de 50 inmuebles que se encuentran exentos del pago de este impuesto, lo que supone que el ayuntamiento deja de ingresar al año 165.683 euros por ese concepto.
Son estos datos que se daban a conocer tras una reciente reunión mantenida en la ciudad por el Grupo de Trabajo de los concejales de Hacienda de los quince municipios que conforman el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPH), reunión en la que se puso de manifiesto que a este grupo de ciudades les supone unos 25 millones de euros el sobrecoste de mantenimiento de sus espacios patrimoniales (limpieza, basura, transporte, iluminación…). Es la cantidad estimada ante los resultados de los primeros estudios técnicos realizados para evaluar dicho sobrecoste, así como la merma en los ingresos generados por las exenciones en algunos tributos municipales que se ven limitados al tratarse de edificios patrimoniales (IBI, ICIO, rehabilitación…).
Se trata de una cifra “más que importante”, que se asume “de manera íntegra en los presupuestos municipales”, y que “necesitaría de una contraprestación o colaboración por parte de otras administraciones”, hicieron constar los representantes de las 15 ciudades miembros del GCPH. Estos, tras dejar claro que se trata dicha cifra de una estimación, “pues aún quedan cuestiones por tratar para definir una propuesta que recoja de manera concreta la incidencia que tiene ser patrimonio en los servicios,”, señalaron que una vez que se tengan indicadores comunes para todos, se elaborará una propuesta conjunta que será elevada al Gobierno central y también a las Comunidades Autónomas “de cara a poder buscar la cooperación o compensaciones necesarias sobre unos requerimientos que están asumiendo los ayuntamientos por ser Patrimonio de la Humanidad”.
Búsqueda de fórmulas para compensar el gasto
Paralelamente a la reunión citada se celebraba, también en Cáceres, con participación de los concejales de Hacienda de las 15 Ciudades Patrimonio y expertos de Italia y Portugal, un curso en el que se analizaban dichos costes de mantenimiento de los cascos históricos, al tiempo que se buscaban fórmulas fiscales para compensarlos, y cuyas conclusiones servirían como fundamento a la hora de pedir al Gobierno central una serie de beneficios fiscales para estas ciudades “que tienen la obligación de conservar un patrimonio de todos.
La alcaldesa de Cáceres y actual presidenta del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, Elena Nevado, explicaba que se trataba de hacer “una reflexión sobre los tributos nacionales que perciben estas ciudades para que, conjuntamente con el Ministerio de Hacienda, se busquen soluciones de cara a una posible negociación que tenga en cuenta las particularidades de estos municipios, como por ejemplo Cáceres, ciudad a la que le cuesta 1.000 euros al día mantener el casco histórico”.
Y en parecidos términos se pronunciaba el jefe del Servicio de Control Económico del Ayuntamiento de Tarragona, Jordi Sierra, quien hizo hincapié en el “sobrecoste que supone ofrecer los servicios básicos” en estas ciudades, por lo que consideró necesario “cuantificar ese déficit y aportar ideas para solventar económicamente el desequilibrio entre los mayores gastos por la conservación y los menores ingresos por las exenciones del IBI de muchos monumentos”.
El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad (GCPH) de España es una asociación sin ánimo de lucro, creado en 1993, cuyo objetivo es actuar de manera conjunta en la defensa del patrimonio cultural y en la promoción turística de las quince ciudades que forman la red, cuyos cascos históricos han sido reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Son en concreto, y además de Cáceres, Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda.
