Esta decisión se adoptará formalmente en la próxima reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura que se celebrará el miércoles, 2 de septiembre, según ha indicado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles.
En esta línea, y a preguntas de los medios, Vergeles ha avanzado que la argumentación legal que mantiene el Ejecutivo extremeño para cerrar los prostíbulos va en orden del riesgo para la salud pública, ya que, como ha dicho, hacer un estudio de contactos es «muy complicado» y puede llevar a una transmisión sanitaria «descontrolada fácilmente» de la Covid.
En esta línea, Vergeles ha explicado que, dentro de los prostíbulos con los que cuenta la región, ya hay algunos que están cerrados porque tenían la licencia de local de ocio nocturno, aunque quedan aquellos que tienen licencias muy antiguas de «whiskería» o aquellos que tienen licencias como hostales, que son «más difíciles de cerrar».
El consejero extremeño ha indicado que la Junta también trabaja en la idea de que, en la mayoría de las ocasiones, las mujeres que permanecen en estos establecimientos están siendo víctimas y por ello se han empezado manteniendo conversaciones con cuatro asociaciones que trabajan en el ámbito de la trata y de la prostitución para la inclusión social de esas mujeres.
«No queríamos dejar en el desamparo a las mujeres que entendemos que no son las que tienen que pagar el pato de esto, sino que entendemos que debemos protegerlas y debemos hacer una reinserción y una inclusión social de forma adecuada», ha sostenido.
José María Vergeles ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios, en una rueda de prensa en la que ha informado de los acuerdos de la sesión extraordinaria del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y la Conferencia Sectorial de Educación para abordar las pautas del inicio escolar 2020-2021.
