Las gestoras de colonias felinas de Cáceres denuncian una situación crítica: desde junio de 2025, las colonias de la ciudad llevan más de diez meses sin recibir ningún tipo de ayuda municipal. La respuesta del Ayuntamiento se ha limitado a indicar que la concesión de fondos gubernamentales está pendiente de resolución, una dilación que, según las afectadas, está teniendo consecuencias directas sobre la convivencia urbana y el bienestar de los animales.
Sole, gestora de varias colonias en la ciudad, explica que el año pasado se consiguió apoyo en forma de alimentos, atención veterinaria y jaulas trampa gracias a subvenciones estatales, pero reconoce que aquellas ayudas “resultaron muy insuficientes”. Lo que las gestoras reclaman ahora es algo más estructural: un presupuesto municipal propio, estable y anual, que no dependa de la incertidumbre de las convocatorias externas.
Diez meses sin esterilizaciones: las consecuencias
La paralización de las esterilizaciones es el problema más urgente. Según las gestoras, esta intervención es “el pilar fundamental de cualquier plan integral de control de colonias”, y su interrupción durante casi un año ha desencadenado una serie de efectos en cascada: aparición de nuevas camadas, aumento de la población de gatos comunitarios, incremento de quejas vecinales y un profundo cansancio entre los voluntarios y colaboradores que sostienen el sistema. Además, advierten de que la falta de control poblacional resulta económicamente contraproducente: a largo plazo, el coste de no esterilizar supera con creces el de hacerlo.
Un ejemplo concreto es la colonia de Valhondo. El pasado verano, vecinas del barrio de San Blas acudieron a las gestoras al verse desbordadas por la llegada de tres gatas preñadas a una colonia de doce animales. Sin el respaldo de esterilizaciones, el próximo verano podría suponer la duplicación del censo de gatos en esa zona. Las gestoras destacan el esfuerzo sostenido de estas vecinas y subrayan además la necesidad urgente de proporcionar cobijo digno a los animales.
La ley obliga y los tribunales ya han condenado a otros ayuntamientos
Las gestoras recuerdan que la Ley de Bienestar Animal 7/2023, vigente desde octubre de ese año, establece con claridad la responsabilidad de los municipios en la gestión de las colonias felinas. No se trata solo de una cuestión ética: el incumplimiento de esta normativa puede derivar en procedimientos judiciales. Así ha ocurrido ya en municipios como Zamora, El Vendrell o Daimiel, cuyos ayuntamientos fueron condenados a asumir la alimentación y los cuidados veterinarios de los gatos comunitarios.
Ante este panorama, las gestoras instan al Ayuntamiento de Cáceres a adoptar un compromiso real: destinar una partida presupuestaria anual, suficiente y continuada, para financiar las esterilizaciones con independencia de si se conceden o no subvenciones autonómicas o estatales. “Es la única vía eficaz de controlar la población de gatos comunitarios”, concluyen.
