José Cercas
En democracia, la autoridad no se hereda: se vota. Puede parecer una obviedad, pero conviene recordarlo cuando el debate político se desplaza del terreno de las decisiones presentes al de las legitimidades históricas.
La figura de Felipe González ocupa un lugar central en la historia del socialismo español. Nadie sensato discute su papel en la consolidación institucional del país ni la relevancia de sus años de gobierno. Su trayectoria forma parte del patrimonio político de varias generaciones. Precisamente por eso, su palabra tiene peso.
Pero el peso no es mandato.
En los últimos años, sus intervenciones públicas críticas con la dirección actual del PSOE y con el liderazgo de Pedro Sánchez han sido constantes. Discrepar es legítimo. Es más: es necesario. Ningún partido democrático vive de la unanimidad. El problema no es la crítica, sino el lugar desde el que se ejerce y el efecto que produce.
El PSOE contemporáneo no es una estructura vacía ni una herencia simbólica. Ha celebrado primarias, congresos y elecciones generales. Su liderazgo actual no surge de una designación informal, sino de procesos internos y del respaldo —suficiente o discutible, pero real— de militantes y votantes. Esa es la legitimidad democrática efectiva.
Cuando una figura histórica cuestiona de forma reiterada, y sobre todo públicamente, decisiones adoptadas por una dirección refrendada en las urnas y en los congresos, el debate deja de ser una discrepancia concreta para transformarse en una pugna de legitimidades: la del pasado frente a la del presente.
Y ahí aparece la tensión.
Porque si el criterio personal acumulado durante años de gobierno se proyecta como referencia superior al resultado de los procesos democráticos actuales, el mensaje implícito es delicado: que la autoridad moral de una etapa pesa más que la voluntad reciente de la organización y su electorado.
No se trata de pedir silencio ni obediencia. Se trata de reconocer que la crítica tiene espacios. Los partidos disponen de foros internos para el debate estratégico. Cuando la discrepancia se instala prioritariamente en el escaparate mediático, deja de ser deliberación orgánica para convertirse en posicionamiento público permanente. Y en un contexto de polarización intensa, eso no es neutro.
El contexto político de los años ochenta —mayorías amplias, sistema menos fragmentado— no es el de hoy. Gobernar en un Parlamento dividido exige acuerdos complejos y decisiones que pueden incomodar a sectores propios. Juzgar ese escenario desde parámetros de otra época puede resultar intelectualmente insuficiente.
La memoria es valiosa. Orienta. Aporta perspectiva. Pero no constituye soberanía. En democracia, la soberanía reside en quienes votan ahora. Y mientras la militancia y el electorado respalden un liderazgo concreto, la legitimidad política efectiva descansa ahí.
La memoria no es un poder constituyente. Es un relato. Y los relatos, por respetables que sean, no sustituyen el veredicto de las urnas.
Cuando la crítica pública se ejerce de manera reiterada desde quien ya no asume responsabilidad orgánica ni ejecutiva, la frontera entre conciencia y tutela se vuelve difusa. Y ningún partido democrático debería vivir bajo tutela simbólica.
El PSOE no es una herencia personal ni un capítulo cerrado de la historia reciente. Es una organización viva que responde a quienes hoy la votan, la sostienen y la discuten desde dentro. La legitimidad no se conserva en vitrinas; se revalida en cada proceso interno y en cada elección.
El pasado merece respeto.
Pero no derecho de veto moral.
