El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado por unanimidad el recurso que presentó la Junta de Extremadura contra la decisión del Tribunal Supremo de ordenar la demolición de la ‘Isla de Valdecañas’, un complejo urbanístico de 134,5 hectáreas en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo, en Cáceres.
El Gobierno autonómico acudió en amparo al TC porque consideró que se había vulnerado la imparcialidad judicial porque en la sentencia del Supremo participaron una magistrada que había decidido, además, sobre la admisibilidad del recurso de casación, así como un magistrado que había formado parte del órgano judicial que dictó en primera instancia la sentencia declarativa sobre cuya ejecución se debía resolver.
La Junta de Extremadura también denunció una presunta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, al entender que la decisión del Supremo suponía una «extralimitación de sus funciones» respecto a la resolución de recursos de casación, e invadía las competencias de la Administración y del tribunal de instancia respecto de la forma en la que han de ejecutarse las resoluciones judiciales, incurriendo en un exceso de jurisdicción y también en incongruencia y arbitrariedad.
El Constitucional ha desestimado estas quejas al considerar que el Supremo no se extralimitó al resolver el recurso de casación. A su juicio, la decisión del TS «responde a la doble vertiente de la casación contenciosa, la objetiva, de fijación de doctrina legal, y la subjetiva, que requiere la proyección de esa doctrina al caso concreto para su correspondiente resolución», según recoge el TC en una nota informativa.
Los magistrados han determinado a su vez que la resolución dictada por el alto tribunal no incurre ni en incongruencia ni arbitrariedad, «en la medida en que sus decisiones son coherentes con la obligación de restitución urbanística de los terrenos a su estado previo a la construcción del complejo y todas fueron objeto de un debate procesal centrado en la manera de proceder a la restitución urbanística ordenada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en sus sentencias».
Así las cosas, el Pleno en su totalidad ha respaldado la sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Enrique Arnaldo, por la que se desestima el recurso de amparo de la Junta de Extremadura.
Los propietarios defenderán la «pervivencia» del complejo
Ante la decisión del Constitucional de rechazar el recurso de amparo de la Junta de Extremadura, los propietarios de las viviendas han emitido un comunicado en el que aseguran que respetan el fallo de la corte de garantías. «Pero no lo compartimos», han apuntado.
Con todo, han recalcado que el TC solo se ha pronunciado sobre el recurso del Gobierno autonómico y no así sobre el que presentaron ellos en calidad de propietarios afectados. «Por ello, y solo cuando exista sentencia relativa al recurso de amparo interpuesto por la comunidad de propietarios y esta fuese desestimatoria, se estudiará con detalle la posibilidad de interponer los recursos pertinentes», han agregado.
En cualquier caso, han incidido en que la Ley 2/2023 de 22 de marzo de la Asamblea de Extremadura «estableció en su disposición final segunda que las construcciones y edificaciones ejecutadas completamente en los terrenos conocidos como Isla de Valdecañas quedaban totalmente legalizadas».
Al hilo, han subrayado que como propietarios «siempre» han actuado «de buena fe» y que defenderán «la pervivencia del complejo hasta el final». Y han asegurado que se sienten «plenamente respaldados por el apoyo mayoritario de la sociedad extremeña».
Por último, han insistido en que «lo que está en juego es la existencia de un modelo económico y ambiental sostenible para Extremadura y sus habitantes». «Isla Valdecañas ha traído prosperidad a una región necesitada de oportunidades y recursos para hacer frente a la despoblación. Contribuye al progreso local y regional, dinamiza el territorio y promueve la creación de cientos de empleos y servicios en la zona», han añadido.
La Junta insiste en que el complejo Marina Isla de Valdecañas no debe ser demolido de acuerdo a la ley vigente
La Junta de Extremadura ha afirmado que el complejo Marina Isla de Valdecañas no debe ser demolido, teniendo en cuenta que la Ley 2/2023, aprobada por la Asamblea de Extremadura, por la que se regulan determinados aspectos de la Red Natura 2000 en la comunidad autónoma, otorgó una nueva cobertura a la realidad de dichos espacios.
Ante la desestimación por el Tribunal Constitucional del recurso de amparo del Ejecutivo regional contra la decisión del Tribunal Supremo de demoler Isla Valdecañas, la Junta ha expresado su respeto, pero recuerda que, en primer lugar, todavía hay otros recursos en vía jurisdiccional que deben ser resueltos, inclusive otros recursos de amparo ante el propio Tribunal Constitucional.
«En segundo lugar y mucho más importante, está la vigencia de la Ley 2/2023, de 22 de marzo, que responde a la necesidad de dotar de seguridad jurídica a numerosos territorios de la región cuya declaración como Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) nunca se llegó a realizar de manera válida por el Consejo de Gobierno de la Junta», ha asegurado el Ejecutivo regional en nota de prensa.
Así, ha explicado que no fue hasta el año 2023, con ocasión de la aprobación de esta Ley, cuando se cumplió con el procedimiento de declaración y, por tanto, «es desde ese momento desde el que debe tenerse en cuenta la declaración de ZEPA».
